Fue el operativo migratorio más grande en una década. Aquel 5 de abril de 2018, durante la era Trump, policías locales y agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) rodearon una planta procesadora de carne en Tennessee y detuvieron a casi 100 inmigrantes indocumentados.
“Si alguien les toca la puerta no le abran a nadie”, recomendaba alguien a quienes llegaron al sitio para saber dónde estaban sus familiares. Eran tiempos difíciles por la retórica antiinmigrante del entonces presidente.
Pero un año después, estos trabajadores interpusieron una demanda colectiva alegando que dicho operativo se realizó violando sus derechos constitucionales y por razones meramente étnicas.
La querella, que fue sometida en una corte federal del Distrito Este de Tennessee, fue certificada por un tribunal en agosto y esta semana un juez aprobó de manera preliminar un acuerdo que otorgará más de $1 millón a esos migrantes, según un comunicado de National Immigration Law Center (NILC) y el Southern Poverty Law Center (SPLC), que encabezaron esa pelea judicial.
Las agencias señaladas son ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Rentas Internas (IRS), la Patrulla de Carreteras de Tennessee y la Policía de Morristown. Ninguna se ha pronunciado al respecto, como suele suceder en medio de litigios pendientes.
Según este acuerdo extrajudicial de $1.17 millones, los demandantes recibirán un total de $550,000 y una carta de ICE que confirma que son parte de una acción legal colectiva que se puede incluir en cualquier solicitud de alivio migratorio.
También requiere que el gobierno federal pague $475,000 a seis personas que reclaman haber sido víctimas de fuerza policial excesiva y arresto ilegal durante el operativo. Asimismo, entregará $150,000 para cubrir honorarios y gastos de abogados del SPLC y NILC.
