La creciente presión política sobre las autoridades electorales amenaza el derecho de los hondureños a votar en elecciones libres y justas, señaló hoy Human Rights Watch.
Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre para elegir al presidente, a los 128 diputados del Congreso Nacional y a los 20 diputados del Parlamento Centroamericano. En las últimas semanas, la Fiscalía General de la República ha abierto investigaciones penales contra las principales autoridades electorales. Mientras tanto, el estancamiento en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha retrasado repetidamente la adjudicación de los contratos para organizar las elecciones. Las acusaciones de fraude presentadas por la presidenta Xiomara Castro , así como por miembros de partidos de oposición, también socavan la credibilidad del proceso electoral.
“Las denuncias de posible fraude, las medidas agresivas tanto de la fiscalía como del ejército, y el estancamiento político en la autoridad electoral amenazan el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Las misiones internacionales de observación electoral deben monitorear de cerca el proceso y presionar a las autoridades hondureñas para garantizar que las condiciones electorales sean libres y justas”.
Desde 2019, la autoridad electoral se ha dividido entre el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la máxima autoridad en materia de justicia electoral, y el CNE, que administra el proceso electoral. Ambas instituciones están compuestas por tres miembros principales, elegidos por dos tercios del voto en el Congreso. Los nombramientos de los miembros del consejo y del tribunal se derivaron de un acuerdo político entre los partidos Nacional, Liberal y Libre, los más grandes del país, que les otorgaron un escaño en cada organismo. En los últimos meses, las tensiones entre los miembros del consejo han paralizado al CNE.
El 29 de octubre, el fiscal general Johel Zelaya anunció una investigación contra Cossette López, concejala del partido Nacional, acusándola de conspirar para manipular los resultados electorales. Zelaya citó una grabación de audio que, según López, fue manipulada. El presidente Castro describió las grabaciones en disputa como parte de una “conspiración criminal para provocar un golpe electoral”.
El 10 de noviembre, la Fiscalía abrió una investigación contra dos jueces del tribunal, alegando que actuaron ilegalmente al aprobar una resolución con solo dos de los tres jueces presentes.
El 9 de noviembre, el consejo probó su sistema nacional para transmitir los resultados preliminares de las elecciones la noche de las elecciones. El concejal Marlon Ochoa, del Partido Libre, afirmó que la prueba había fallado y que «existe una conspiración contra el proceso electoral desde dentro del propio organismo electoral».
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas solicitó al consejo que proporcionara al ejército una copia del acta de escrutinio presidencial el día de las elecciones. Ana Paola Hall, presidenta del consejo, rechazó esta solicitud. El ejército tiene el deber constitucional de apoyar el transporte del material electoral el día de las elecciones, pero no tiene autoridad para acceder, contabilizar, transmitir ni revisar los resultados.
El 20 de noviembre, las Fuerzas Armadas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación buscando iniciar una acción penal por difamación contra López.
En este contexto de creciente desconfianza y acusaciones de fraude, el papel de las misiones de observación electoral independientes nacionales e internacionales será fundamental para preservar la credibilidad del proceso, afirmó Human Rights Watch.
La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos ha expresado su preocupación por las frecuentes acciones y declaraciones, prácticamente a diario, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral, así como por la excesiva intervención judicial en las elecciones. La Unión Europea también ha desplegado una misión de observación electoral en Honduras.
El 18 de noviembre, la UE expresó su preocupación por los acontecimientos que podrían socavar las instituciones electorales hondureñas antes de las elecciones, y señaló que las autoridades y los partidos políticos deben garantizar que los organismos electorales puedan operar con independencia y transparencia.
