La organización Human Rights Watch señaló a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba de cometer “abusos aberrantes” en su más reciente informe anual, en el que exhortó a los líderes de Latinoamérica a ejercer presión para lograr una transición democrática en esos países.
En su Informe Mundial, que se difundió el jueves, HRW expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia, la pobreza y el deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe y afirmó que esos problemas han impulsado a millones de personas abandonar sus hogares, lo que ha profundizado la crisis migratoria en la región.
La directora para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, afirmó en una videoconferencia que algunos países de la región enfrentan un “gravísimo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho” y un “ataque directo frontal” a las instituciones democráticas, a los sistemas electorales, al Poder Judicial, a la prensa independiente y a la sociedad civil por parte de líderes electos democráticamente, algunos de ellos de corte populista y autoritario.
Ante ese contexto Taraciuk admitió que se “corre el riesgo de hacer tambalear los pilares fundamentales que sostienen a la democracia” en la región.
Al evaluar la situación de Cuba, la organización sostuvo que el régimen continuó durante el año pasado “reprimiendo y castigando cualquier forma de disenso” y que los cubanos siguieron padeciendo una crisis económica severa que impactó en sus derechos básicos.
Asimismo, cuestionó los juicios que se realizaron el año pasado a cientos de manifestantes en los que se “violaron las garantías básicas de debido proceso” y se acordaron “penas de prisión desproporcionadas”. Las autoridades cubanas han negado que se busque silenciar a la oposición y han asegurado que hay suficientes pruebas para procesar a los detenidos por delitos como sedición o atentado.
Igual situación se planteó en el caso de Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega fue señalado de profundizar “la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos” y de intensificar “la violencia contra miembros de la Iglesia católica”. Al referirse a los procesos contra opositores Ortega dijo recientemente que “tenemos que defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales”.
HRW llamó la atención sobre los riesgos que enfrentan en Venezuela los periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que son perseguidos y procesados penalmente.
“Las autoridades judiciales han sido partícipes o cómplices en abusos, sirviendo como mecanismo de represión”, sostuvo el informe que señaló a los cuerpos policiales venezolanos de incurrir en “brutalidad”. Las autoridades venezolanas han negado los señalamientos y sostienen que los procesos que se han emprendido contra disidentes y activistas están ajustados a las leyes.
La organización expresó preocupación por la “emergencia humanitaria compleja” que enfrenta Venezuela, que mantiene a millones de personas sin acceso a la salud ni una nutrición adecuada y que ha llevado a más siete millones de venezolanos a emigrar desde 2014.
La organización también cuestionó la situación en México y afirmó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició en 2018, la problemática se ha agravado mientras el gobernante “ha profundizado las estrategias fallidas de militarización”.
López Obrador, quien antes del llegar al gobierno era partidario de que los militares regresaran a los cuarteles, el año pasado cambió de opinión e impulsó una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir labores de seguridad pública hasta 2028. El gobernante justificó el cambio de postura alegando que se hace necesaria la participación de los militares para hacer frente a las organizaciones criminales que tienen poderoso armamento y aseguró que los uniformados actúan respetando los derechos humanos.
“Si bien las autoridades a menudo atribuyen esta violencia a cárteles delictivos, la mayoría de los delitos no se investigan y nunca se identifica ni se enjuicia a los responsables”, refirió el informe que destacó que México es uno de los países “más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos”.
Durante 2022 fueron asesinados 15 periodistas y se reportaron 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra comunicadores, según registros de la organización Artículo 19 que defiende los derechos de los periodistas.
“Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas”, indicó HRW.
En la evaluación que hizo de El Salvador cuestionó el desempeño del mandatario Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa por haber “desmantelado sistemáticamente el sistema de contrapesos democráticos” y de crear un “ambiente hostil” para los medios de comunicación y miembros de la sociedad civil.
Asimismo, condenó el estado de excepción impuesto en marzo cuando se suspendieron ciertos derechos constitucionales en respuesta a una escalada de la violencia de las pandillas. “Las autoridades cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias”, refirió el informe que sostuvo que durante el período de excepción se detuvo a más de 54.000 personas “lo que contribuyó al aumento de la población carcelaria a una cantidad estimada de 97.000 detenidos, más de tres veces la capacidad oficial”.
Bukele justificó que el estado de excepción alegando que es una “herramienta” para hacer frente a los “terroristas”.
En el informe también se cuestionó al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y al Ministerio Público de ese país por haber “obstaculizado los procesos judiciales por hechos de corrupción y otros delitos graves” y de impulsar “procesos penales espurios” en contra de jueces, fiscales y periodistas independientes. Giammattei ha negado que su gobierno haya ejercido algún tipo de presión contra el Poder Judicial y ha ratificado el respeto al Estado de Derecho.
Al evaluar la migración masiva que se ha registrado en la región, HRW criticó que a muchos de los migrantes se les niegue la posibilidad de buscar protección internacional y se les impongan obstáculos como la restricción en el acceso a visas y señaló al presidente estadounidense Joe Biden de promover entre los gobiernos latinoamericanos la aplicación de políticas migratorias “abusivas”.
