El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 que Transparencia Internacional dio a conocer hoy pone de manifiesto que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción: el 95 % de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017.
El IPC 2022 evalúa a Honduras con 23 puntos (de 100) y lo ubica en la posición 157 de 180 países y territorios evaluados, igual que en su edición anterior, destacando que en el último lustro el país no ha mostrado avances en la lucha contra la corrupción.
Honduras obtuvo su mejor puntuación de la última década en 2015 (31) y la peor en 2021 (23), la cual repite en la evaluación de 2022. A nivel centroamericano, solo Nicaragua presenta una puntuación más baja (19), mientras en el resto del continente, los peores evaluados son Venezuela (14) y Haití (17). Por otro lado, los países americanos mejor evaluados son: Canadá (74), Uruguay (74), Estados Unidos (69) y Chile (67). Otros como Cuba (45) y Guatemala (24), junto a Nicaragua, presentan puntuaciones mínimas históricas.
En América, la corrupción ha debilitado a las instituciones públicas y ha facilitado que prosperen las redes criminales, desestabilizado a los gobiernos y exacerbando la violencia en la región. Este círculo vicioso afecta en particular a las poblaciones más marginadas, como las personas indígenas y afrodescendientes, las comunidades LGBTQ, las mujeres y las niñas, perjudica al medioambiente e impide el buen uso de los recursos naturales.
Las instituciones públicas débiles y que no rinden cuentas en América Latina han creado un terreno fértil para que florezcan las redes delictivas organizadas, alimentando la violencia y la inseguridad. Estas son algunas de las principales preocupaciones de los latinoamericanos, junto con la corrupción y la economía. En muchos países, las fuerzas del orden y los funcionarios corruptos colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer la vista gorda ante sus actividades ilícitas. En Honduras (23), Guatemala (24) y Perú (36), la evidencia sugiere que los delincuentes organizados ejercen una fuerte influencia sobre los candidatos y políticos, financian campañas electorales o incluso se postulan para cargos públicos .
Los impactos de estos intereses criminales y políticos entrelazados se sienten particularmente en los grupos más marginados de la sociedad, y son testigos de la destrucción de los recursos naturales. En toda la región, las mujeres, las niñas y los migrantes son víctimas de la trata de personas y la extorsión , que generalmente involucra a funcionarios públicos que exigen actos sexuales a cambio de servicios como otorgar pasaportes o permitir el paso por los controles fronterizos. Las redes corruptas también alimentan el tráfico de vida silvestre, la tala ilegal, la minería de oro ilícita y la tala y quema de tierras.
