Honduras volverá a comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo 5 de agosto para responder por la aplicación del juicio político en la destitución de altos funcionarios, en una audiencia que pondrá bajo escrutinio el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país.
La audiencia fue convocada tras solicitudes de organizaciones defensoras de derechos humanos, que sostienen que el Estado no ha cumplido con la sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana, la cual ordenó reformar el mecanismo del juicio político para garantizar el debido proceso y proteger la independencia institucional.
El caso surge a raíz de las destituciones del exfiscal general Johel Zelaya y del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, procesos que, según los denunciantes, se desarrollaron sin todas las garantías exigidas por el sistema interamericano.
La representación oficial del Estado hondureño estará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por el procurador Dagoberto Aspra, mientras que la canciller Mireya Agüero confirmó que el Gobierno presentará sus argumentos ante la Comisión en Washington.
Organizaciones como el Conadeh y defensores de derechos humanos han advertido que Honduras mantiene pendientes varias reformas legales e institucionales ordenadas por la Corte Interamericana, lo que podría derivar en nuevas responsabilidades internacionales si se determina que persisten los incumplimientos.
No obstante, algunos juristas sostienen que el juicio político es un mecanismo de control entre poderes del Estado y no un proceso judicial, por lo que consideran que la audiencia también servirá para definir el alcance de las obligaciones internacionales de Honduras y establecer si las actuaciones recientes se ajustan a los estándares del sistema interamericano.
