El Congreso Nacional aprobó por unanimidad este lunes una reforma al Código Penal que endurece las penas por el delito de femicidio, incorpora nuevas circunstancias agravantes y ordena la creación de órganos jurisdiccionales especializados para conocer y juzgar los casos de violencia contra la mujer en Honduras.
La iniciativa modifica varios artículos de la legislación penal para endurecer las penas aplicables a quienes cometan femicidio, incorporar nuevas circunstancias agravantes y establecer órganos jurisdiccionales especializados para conocer y juzgar estos casos en todo el país.
Penas más severas
Con la reforma, el delito de femicidio continuará siendo castigado con penas de entre 25 y 30 años de prisión. Sin embargo, cuando existan circunstancias agravantes, la condena podrá oscilar entre 30 y 40 años.
Entre las nuevas agravantes aprobadas figura que el crimen haya sido precedido por delitos sexuales, tortura, privación de libertad u ocultamiento de un delito sexual.
También se incluye como agravante que el responsable sea un agente del Estado que utilice su cargo, autoridad, uniforme o arma de reglamento para cometer el hecho.
Además, cuando se trate de delitos contra la vida cometidos en contextos de violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima, el cumplimiento efectivo de las penas acumuladas podrá alcanzar hasta 60 años de prisión.
Endurecimiento de penas
Las reformas también incorporan una definición más amplia sobre las relaciones desiguales de poder basadas en género, estableciendo elementos que los tribunales podrán tomar en cuenta para determinar la existencia de violencia contra la mujer.
Entre ellos figuran antecedentes de control sobre la víctima, violencia psicológica o simbólica, conductas de posesión, aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad económica, física o social, así como antecedentes de violencia previos, hayan sido denunciados o no.
La normativa también reconoce condiciones especiales de vulnerabilidad relacionadas con discapacidad, dependencia económica, edad, pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes y otras circunstancias que puedan aumentar la indefensión de las víctimas.
Creación de juzgados especializados
Otro de los cambios aprobados ordena a la Corte Suprema de Justicia la creación de órganos jurisdiccionales especializados con competencia nacional para conocer casos de femicidio, delitos relacionados y otras formas de violencia contra la mujer.
La Corte deberá emitir en un plazo máximo de 90 días hábiles la normativa que regule el funcionamiento de estos tribunales, así como la designación de juezas y personal auxiliar encargado de atender los procesos.
La diputada, Ariana Banegas, dijo: “Este es el comienzo de la ruta para erradicar los femicidios. Debemos igual aumentar el número de las Casas Refugio, para proteger a las mujeres que se deciden a denunciar”.
