El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a las graves acusaciones que reveló la Fiscalía sobre la presunta financiación ilegal de su campaña en 2022. El jefe de Estado anunció que ya tiene definido un equipo legal que lo representará en el mayor escándalo de su Gobierno.
Su representante jurídico será el conjuez Mauricio Pava, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El togado emprendió acciones legales en el 2013 contra el mismo Petro, cuando el hoy presidente fungió como alcalde mayor de Bogotá. La demanda se dio por la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que emprendió el entonces burgomaestre.
La declaración del mandatario colombiano, en la mañana del viernes 4 de agosto, se da luego de que su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, reconoció en el ente acusador que dineros del narcotráfico entraron a las cuentas de la campaña con las que su padre ganó las elecciones presidenciales en 2022.
En primera instancia, Petro aseguró que recibía “con dolor, a nivel personal”las polémicas y explosivas declaraciones que entregó su primogénito, imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
De nuevo, el presidente aseguró que “sin vacilación alguna” no intervendrá en el proceso legal de su hijo y le dejó, aparentemente, una pulla.
“Afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales”, aseguró.
En el comunicado, además, el primer mandatario aseguró que la Rama Judicial será la única que, en sus competencias, defina “jurídicamente lo que corresponda” y fue donde dio a conocer que el togado Pava fue designado para que lo represente.
Aunque líderes de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y el excandidato presidencial Enrique Gómez, de Salvación Nacional, pidieron la renuncia del Presidente, debido a la gravedad de los hechos, Gustavo Petro desestimó esas pretensiones y aseguró que continuará con sus labores de gobierno para cumplir con el cambio que prometió en la campaña.
“Continuaré decididamente con la agenda presidencial”, anunció el mandatario.
Y agregó: “Nada ni nadie puede detener la lucha de toda la vida contra las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso para una Colombia mejor”.
El anuncio del presidente de Colombia se suma a varias de sus intervenciones luego de que, en la tarde del viernes 3 agosto, el diputado del Atlántico Nicolás Petro aseguró, junto a su exesposa Daysuris Vásquez, que Santo Lopesierra y el Turco Hilsaca giraron fondos económicos, presuntamente provenientes del narcotráfico, a la campaña presidencial de su progenitor.
Desde el coliseo de Sincelejo, donde participó en el lanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria, el jefe del Estado colombiano se comparó con sus antecesores: Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que según él se vieron salpicados por escándalos que pusieron en riesgo la estabilidad de sus mandatos, y mencionó que —a diferencia de ellos— estaría dispuesto a renunciar si fuera el caso. Sin embargo, con la afirmación de este viernes, descartó ese rimbombante anuncio.
“No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque”, expresó el mandatario.
De nuevo, el primer mandatario arremetió contra la prensa, que ha documentado este polémico suceso. No obstante, fue el mismo fiscal encargado del caso, Mario Burgos, el que reveló los pormenores del hecho que hoy tienen a Colombia ad portas de una profunda crisis institucional porque el fantasma del narcotráfico, otra vez, habría intervenido en la elección presidencial.
