El gobierno de Guatemala impuso un estado de sitio en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, al norte de la capital guatemalteca, luego de enfrentamientos registrados desde el pasado viernes entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos y policías enviados por el gobierno. Entre las primeras acciones están allanamientos a casas y oficinas de la población.
El estado de sitio fue publicado el domingo en el Diario Oficial y durará 30 días a partir de que entre en vigencia este domingo y deberá ratificarse por el Congreso de la República en los próximos tres días. La presidencia dispuso también que el Ejército participe de las acciones de seguridad mientras duré el estado de sitio.
Entre los derechos constitucionales limitados están la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, de reunión y manifestación, la tenencia de armas y de locomoción, implantando también un toque de queda desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente.
El domingo aún se podían observar residuos de llantas quemadas y piedras amontonadas en los lugares donde ocurrieron los enfrentamientos. El mismo domingo, el Ministerio Público, acompañado de policías y militares, realizaba allanamientos en una casa y por lo menos dos oficinas comunitarias, algo permitido por el decreto fuera del horario establecido por la ley y sin que medie orden de juez competente.
La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas denunció que se allanaban las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab´ Tzuultaq´a y oficinas de la Defensoría Maya Q´eqchí, la organización local que defiende los territorios.
El decreto justifica la imposición del estado de sitio debido a “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y seguridad de los habitantes en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”.
Durante dos días, miles de policías se enfrentaron con pobladores, campesinos e indígenas, lanzándoles gases lacrimógenos y reprimiéndoles violentamente, mientras se lanzaban piedras desde ambos lados, lo que dejó varios heridos.
Algunos periodistas locales denunciaron que, durante los enfrentamientos, recibieron amenazas de las fuerzas policiales para que no fueran grabados o fotografiados.
La Procuraduría de Derechos Humanos denunció el sábado que el conflicto es en torno a la consulta de pueblos indígenas sobre las operaciones de la mina Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, que extrae metales como níquel, y que estos pueblos no habían sido consultados para la implementación de estos megaproyectos.
La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de operaciones de la mina debido a que no se consultó a los pueblos originarios del lugar, por lo que ordenó que se realizara la consulta.
La procuraduría dijo que, desde principios de mes, pobladores realizan plantones y manifestaciones en el área para exigir que sean incluidos en el proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
