El representante de la empresa internacional DRC INC, Murray Paul Farmer, junto a su cuerpo de abogados llegó hasta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en Tegucigalpa para pedir asesoramiento a los empresarios hondureños sobre el proceso de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado hondureño a pagar L 3 mil millones por una demanda.
La demanda está relacionada con un proyecto financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Honduras (USAID-Honduras), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que tenía como propósito la reconstrucción del país tras el devastador paso del huracán Mitch, a finales de 1998.
En aquel contexto, USAID-Honduras contrató, mediante licitación pública, a la empresa estadounidense DRC INC para la ejecución de las obras y esta, a su vez, subcontrató a la empresa Nacional de Ingenieros S. A. (Nainsa). Sin embargo, la justicia de los Estados Unidos intervino el contrato al no estar permitida la subcontratación y envió un equipo de fiscales que determinó no pagar una obra que estaba por realizarse.
El origen del problema radica en una demanda contra el Estado hondureño que la empresa DRC INC presentó ante el Tribunal del Distrito Federal de Washington D.C., después de que un Centro de Conciliación y Arbitraje dictó una resolución que condenó al Estado a pagar los daños y perjuicios a la empresa citada.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que está a pocos días de vacar el 11 de febrero de 2023, ordenó el pago de L 3,000 millones por parte del Estado hondureño a la empresa DRC INC, ante lo cual el Gobierno, que encabeza, Xiomara Castro se está negando.
