El gobierno de Nayib Bukele no mandó representante para responder a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), para verificar las múltiples de denuncias de distintas entidades independientes sobre los abusos cometidos por agentes del Estado salvadoreño en el régimen de excepción.
Específicamente la CIDH, que constituye una primera instancia en tutela de los derechos humanos en el continente, vería la situación de detenciones arbitrarias y las personas que han sido recluidas por el estado de excepción que, según datos oficiales, pasan de 55,000.
La audiencia fue presidida por la presidenta de la Comisión, Julissa Mantilla Falcón, quien es además Relatora de País para El Salvador, acompañada de los comisionados Carlos Bernal y Stuardo Ralon, primer vicepresidente de la CIDH y relator para las personas privadas de libertad, así como el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.
“La Comisión Interamericana de Derecho Humanos lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador en esta audiencia pese a que fue oportunamente notificado; sin embargo, el Estado ha declinado su participación”, declaró Mantilla al inicio de la diligencia.
La audiencia fue solicitada por Amnistía Internacional, Cristosal, la Fundación Estados para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista, entre otras.
Gobierno de Nayib Bukele
Las organizaciones han documentado al menos 4,071 casos de violaciones a derechos humanos, entre ella la muerte de al menos 80 personas en las prisiones, al parecer, víctimas de torturas y otras agresiones.
No es la primera vez que el gobierno de Bukele no asiste a convocatorias en el tema de derechos humanos.
En julio del año anterior, el gobierno decidió enviar solo un informe por escrito, alegando que el país tiene interés de colaborar con la CIDH, “pero a través de mecanismos que generen equilibrio, que aseguren condiciones de equilibrio entre los participantes, lo que no considera garantizado en esta convocatoria”.
En junio pasado, la CIDH reiteró llamado al Estado de El Salvador a asegurar que las acciones relativas a las políticas de seguridad ciudadana y penitenciaria se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos y la dignidad humana.
La Comisión recordó al Estado sobre su obligación internacional de asegurar las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso para el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por el derecho internacional de los derechos humanos.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, lamentó que el Estado salvadoreño no se haya presentado a la audiencia, pero consideró que esta es una muestra del mismo de rendir cuentas por las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en El Salvador.
Inasistencias
“El Estado salvadoreño rehúye dar una explicación a las víctimas de abusos estatales y reduce su presencia en los espacios de escrutinio internacional en materia de derechos humanos”, subrayó la participante.
Reyna subrayó que lo anterior es “preocupante”, sobre todo ante la “deriva autoritaria” que prevalece en El Salvador con el régimen de Bukele.
Los casos
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, lamentó que el Estado salvadoreño no se haya presentado a la audiencia, pero consideró que esta es una muestra del mismo de rendir cuentas por las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en El Salvador.
“El Estado salvadoreño rehúye dar una explicación a las víctimas de abusos estatales y reduce su presencia en los espacios de escrutinio internacional en materia de derechos humanos”, subrayó la participante.
Reyna subrayó que lo anterior es “preocupante”, sobre todo ante la “deriva autoritaria” que prevalece en El Salvador con el régimen de Bukele.
