Por: Gabriel Mendoza
Como parte de la lucha frontal establecida por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, autoridades informaron este miércoles que iniciaron la destrucción de tumbas de supuestos mareros.
El viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna, informó que estas tumbas contenían imágenes y símbolos relacionados con las estructuras criminales.
“Ningún terrorista merece ningún tipo de reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos”, exteriorizó vía Twitter.
Asimismo, se informó que quienes realizan este trabajo de destrucción son reos dentro de programas de rehabilitación social dentro del sistema penitenciario.
A través del programa penitenciario “Yo Cambio”, decenas de personas privadas de libertad destruyeron varias sepulturas en el cementerio de Santa Tecla, a unos 10 kilómetros de San Salvador.
Luna añadió que era en estos sitios donde los pandilleros honraban a sus muertos, asimismo colocaban flores y otras ofrendas en memoria sus camaradas.
Por su parte, las autoridades confirmaron que los restos de los fallecidos permanecerán en el cementerio, lo único es que los familiares y amigos no podrán colocar ningún mensaje o imagen que este relacionadas a estructuras criminales.
Guerra contra las pandillas
Estas medidas contra grupos delictivos son parte de la campaña “guerra contra las pandillas”, una política puesta en marcha desde marzo debido al repunte de violencia en el país centroamericano.
De igual forma, se han establecido diferentes mecanismos para arrebatar de las manos de estas estructuras criminales muchos barrios del país, los cuales permanecen amedrentados e identificados con grafitis en sus paredes.
A petición del gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de marzo el régimen de excepción, mismo que ha prorrogado en siete ocasiones por periodos de 30 días.
El último fue aprobado por la Asamblea el pasado 14 de octubre. Las autoridades han informado que, desde su vigencia, fueron detenidas más de 56.000 supuestos mareros.
Mediante este régimen de excepción se suspenden las garantías constitucionales, como ser la libertad de asociación y el derecho a la defensa.
Además, extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional, de igual forma permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de la autorización previa de un juez.
