El Gobierno de Biden presentó este miércoles una demanda contra Texas por su controvertida ley de inmigración con el argumento que el estado “no puede administrar su propio sistema de inmigración”. La nueva legislación estatal otorga a las autoridades locales la facultad de arrestar a inmigrantes.
La demanda ocurre después de que el Departamento de Justicia amenazara la semana pasada con tomar acciones legales contra Texas si no daba marcha atrás en la implementación de la ley. Esta es la segunda batalla judicial del Gobierno contra el estado esta semana, a medida que el presidente Joe Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott, se enfrentan sobre la gestión en la frontera entre Estados Unidos y México.
En diciembre, Abbott, republicano, promulgó la ley conocida como SB 4, que también otorga a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsar a personas de Estados Unidos. La Casa Blanca ha criticado la legislación, que entrará en vigor en marzo, calificándola de “increíblemente extrema”.
En su demanda, el Departamento de Justicia argumentó que la medida socava la “autoridad exclusiva” del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración.
“Sus esfuerzos, a través de la SB 4, interfieren con la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de los no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos. La SB 4 no es válida y debe prohibirse”, afirma la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas.
El Departamento de Justicia solicitó que se bloqueara la medida.
“La SB 4 es claramente inconstitucional”, señaló la vicefiscal general Vanita Gupta en un comunicado. “Bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución y el precedente de larga data de la Corte Suprema, los estados no pueden adoptar leyes de inmigración que interfieran con el marco promulgado por el Congreso. El Departamento de Justicia seguirá cumpliendo con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer cumplir la ley federal”.
A principios de esta semana, el Gobierno de Biden pidió a la Corte Suprema que le permitiera retirar el alambre de púas instalado por Texas en la frontera entre Estados Unidos y México. La disputa gira en torno a si la Patrulla Fronteriza tiene la autoridad legal para cortar alambre en las orillas del río Grande.
