Por: Reina Bojorque
En el marco de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025, se ha abierto un nuevo frente de tensión institucional, y este es el proceso en contra de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en el país.
El pasado 10 de noviembre, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra dos magistrados por presunto prevaricato judicial. Este movimiento judicial se produce pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inadmisible un pedido de antejuicio contra los mismos magistrados, al considerar que la figura no les aplica por su rango y funciones.
Por ende, la coincidencia temporal de ambos procesos genera preocupación sobre el verdadero trasfondo del caso. Y aquí surge una interrogante: ¿Se trata de un procedimiento jurídico legítimo o de una maniobra política para condicionar al árbitro electoral antes de los próximos comicios?
Del antejuicio a la acusación penal
Regresando unos cuantos días atrás, exactamente el 4 de noviembre, la Corte Suprema resolvió que los magistrados del TJE gozan de las mismas prerrogativas que los magistrados de la CSJ, por lo que la figura del antejuicio no era procedente.
A pesar de ello, el Ministerio Público optó por presentar directamente un requerimiento fiscal días después, acusándolos de dictar resoluciones contrarias a la ley en tres aspectos específicos:
La inscripción de candidatos a diputados por Olancho y Valle, La conformación de quórum con solo dos magistrados Y la resolución de una recusación en contra del magistrado Mario Flores Urrutia.
En base a ello, diversos juristas y analistas constitucionales han señalado que la vía penal podría no ser la adecuada en ese caso. Ya que, según el marco jurídico vigente, los magistrados del TJE solo pueden ser suspendidos o destituidos mediante juicio político aprobado por el Congreso Nacional, y no mediante procesos judiciales ordinarios.
Además, el delito de prevaricato judicial está catalogado como una infracción contra la administración de justicia, no contra la administración pública, por lo que no permitiría su suspensión inmediata del cargo como medida cautelar.
Autonomía institucional vs. presión política
El conflicto entre el Ministerio Público y el TJE pone de relieve las fricciones entre los poderes del Estado en un contexto electoral delicado.
Aunque el proceso se justifica en términos legales, su oportunidad temporal y alcance abren espacio para lecturas políticas.
Si el Ministerio Público intenta aplicar una vía penal donde la Constitución prevé una vía política, se estaría sentando un precedente de vulnerabilidad institucional, debilitando la independencia de los órganos electorales.
En cualquier elección, la credibilidad del árbitro es tan importante como la votación misma. Si los magistrados del TJE son desplazados o limitados en sus funciones antes del 30 de noviembre, el equilibrio en la interpretación de los resultados podría verse comprometido.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe emitir la declaratoria oficial el 30 de diciembre, y cualquier vacío en el TJE facilitaría disputas o impugnaciones sin contrapeso.
Desde una lectura estratégica, debilitar al TJE podría favorecer la imposición de resultados en el mediano plazo.
Confianza ciudadana en riesgo
Más allá del debate jurídico, el verdadero impacto se mide en el nivel de confianza de la población.
Las encuestas y opiniones ciudadanas reflejan un creciente escepticismo hacia las instituciones electorales, alimentado por decisiones judiciales percibidas como selectivas o apresuradas.
Cuando los ciudadanos sienten que los árbitros no son imparciales, la legitimidad del proceso electoral pierde credibilidad, incluso antes de abrir las urnas.
Lamentablemente, en Honduras, la frontera entre lo judicial y lo político es cada vez más difusa.
El caso de los magistrados del TJE no es solo un expediente penal, es también una prueba de resistencia institucional ante la proximidad de unas elecciones decisivas.
Si el proceso se maneja con transparencia y respeto a la ley, fortalecerá la confianza en el Estado de derecho. Pero si se percibe como una jugada para reconfigurar el tablero electoral, el costo político y democrático a pagar podría ser alto.
