El caso insólito ocurrió en una corte de Tenerife, en las islas Canarias.
En una inédita decisión, una perra fue testigo en el juicio por maltrato animal abierto contra su antiguo dueño, al que se acusa de haberla tirada a la basura encerrada en una valija.
La magistrada Sandra Barrera sorprendió a los asistentes al pedir que pasara “la testigo perjudicada, la perra Milagros”, de raza pitbull, durante la vista judicial, celebrada este martes en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias.
La fiscal de Medio Ambiente aclaró a los asistentes que, obviamente, la testigo no podía hablar, pero que lo harían por ella tanto la acusación pública como un médico forense, que explicaron las lesiones que había sufridoel animal y cómo se encuentra actualmente.
La fiscal Francisca Sánchez explicó que como la perra “no tiene voz”, era necesaria su presencia en la sala, también de manera simbólica para concientizar a la sociedad sobre el problema del maltrato animal.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre de 2012 cuando el acusado -que declaró por videoconferencia desde Sevilla porque está en prisión preventiva por otro delito-, tiró a su perra a la basura metida en una valija supuestamente al creer que estaba muerta tras haber sido agredida por otros perros de su propiedad.
Durante su intervención en el juicio ,celebrado este martes, el perito forense aseguró que no cabía la posibilidad de darla por muerta. La perra se salvó de que el camión de recolección de basura la aplastara porque unos vecinos oyeron sus aullidos dentro del contenedor y abrieron un agujero en la valija para que pudiera sacar la cabeza.
“Cuando la sacaron, la perra estaba en ‘shock’. Había estado encerrada en una valija en la que casi no cabía y donde no podía ni respirar. Y se vio que tenía el cuerpo lleno de mordeduras de otros perros”, contó Adriana Naranjo, presidenta del refugio Valle Colino, que cuidó al animal hasta que otra familia lo adoptara.
Su actual dueña la definió con una perra cariñosa y sumisa, y la fiscal pidió nueve meses de prisión y dos años de inhabilitación para trabajar con animales para el acusado, por un presunto delito de maltrato animal, mientras que la acusación particular eleva las penas a un año de cárcel y tres de inhabilitación.
