El Ministerio Público de Perú ordenó este lunes la detención preliminar por diez días contra 11 personas investigadas por presunta corrupción en el entorno del Ejecutivo, entre ellas el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y dos sobrinos del presidente Pedro Castillo.
El despacho de la fiscal Karla Zecenarro dirigió esta mañana un megaoperativo de detención preliminar, allanamiento, incautación, registro domiciliario y personal, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, contra 11 investigados en el caso de una presunta red criminal que dirigía obras al interior del Ministerio de Transportes, detalló la Fiscalía en comunicado.
Entre los implicados en esta disposición fiscal figuran el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, acusado de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal, y Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario e imputados como presuntos cómplices primarios del delito de colusión agravada y presuntos autores del delito de organización criminal.
Durante el operativo, que abarcó 13 inmuebles ubicados en varios distritos de Lima y el Callao, fue detenido el empresario Zamir Villaverde, según confirmó su defensor legal a periodistas en los exteriores de la vivienda de su cliente en el distrito limeño de La Molina.
Medios locales informaron, también, de la captura del exfuncionario Víctor Valdivia y de Gorge Pasapera, de la empresa Termirex, mientras los otros aún no fueron encontrados.
Estas diligencias se realizaron en el marco de las investigaciones fiscales relacionadas a presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes, para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
«En el curso de las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público se ha identificado una serie de irregularidades en dicha licitación, en las que estarían involucrados los miembros del comité de selección, los representantes del consorcio, las empresas vinculadas a este y los investigados Bruno Pachecho y Karelim López, que habrían tenido como finalidad favorecer al consorcio ganador», agregó la Fiscalía en su comunicado.
La lobista López, quien solicitó en febrero pasado acogerse a la «colaboración eficaz» (delación premiada»), brindó polémicas declaraciones ante la Fiscalía y comprometió a Castillo, sus sobrinos y otras personas cercanas al mandatario, en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
Según trascendió en la prensa local, la empresaria, señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en los últimos años en Perú, denunció una red que opera en la cartera de Transportes y Comunicaciones para obtener dinero de licitaciones de obras públicas.
La colaboradora dijo que Castillo buscaba usar ese dinero para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral del año pasado, en la que derrotó a su rival, la derechista Keiko Fujimori.
Aunque Castillo rechazó «tajantemente» las acusaciones de la empresaria y las vinculó a un supuesto plan de un sector de la oposición política para sacarlo del poder, estas denuncias figuran entre las 20 razones que integran el segundo pedido de destitución presidencial por «incapacidad moral permanente», que el Congreso debatirá y votará este lunes.
