El Ministerio Público advirtió que los procesos de juicio político que se desarrollaron en el Congreso Nacional podrían tener consecuencias penales si durante su revisión se detectan posibles hechos constitutivos de delito. La institución aclaró que el análisis no se limitará únicamente al ámbito político.
El fiscal general Pablo Emilio Reyes señaló que los expedientes derivados de estas acciones serán evaluados con criterio técnico-jurídico.
“El informe de los juicios políticos no quedará solo en el plano político”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de investigaciones más profundas.
El pronunciamiento ocurre en medio de una serie de decisiones legislativas que han provocado la salida de varios funcionarios vinculados al sistema electoral, lo que ha elevado la tensión entre los poderes del Estado.
Entre los afectados figuran exautoridades del sistema electoral, como el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán, el exconsejero del CNE Marlon Ochoa, además de suplentes como Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes fueron parte de recientes procesos de remoción.
El Ministerio Público confirmó que toda la información generada será sometida a revisión interna para determinar si existen elementos suficientes que ameriten la apertura de acciones penales, en un contexto político cada vez más polarizado en el país.
