Este 8 de septiembre marca un punto de inflexión en la política migratoria entre Estados Unidos y Honduras con la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS). La medida deja a unos 55 mil hondureños desprotegidos y con la orden de abandonar territorio estadounidense.
El TPS fue otorgado en 1999 tras el paso devastador del huracán Mitch y durante más de dos décadas permitió a miles de hondureños vivir y trabajar legalmente en EE.UU. Sin embargo, la actual administración estadounidense sostiene que las condiciones en Honduras han mejorado lo suficiente para el retorno seguro de los beneficiarios.
Pese al fin oficial del programa, el próximo 18 de noviembre una Corte del Noveno Circuito de California se pronunciará sobre la situación de los hondureños amparados, aunque ya no podrá revertir la cancelación. Mientras tanto, la diáspora enfrenta un limbo legal y un futuro incierto, con la amenaza directa a su estabilidad económica y familiar.
