Declaro e inmediatamente doy aviso, como presidente de la República de Filipinas, de que Filipinas retira con efecto inmediato su ratificación del Estatuto de Roma» que vincula a los países miembros a la CPI, ha señalado Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, en un documento divulgado en la prensa en Manila.
En su escrito, el jefe de Estado filipino ha acusado a la CPI de tratar de imponer su jurisdicción sobre él «en violación del debido proceso y la presunción de inocencia», más de un mes después de que el tribunal internacional iniciara un análisis preliminar para investigar la campaña antidroga.
Asimismo, ha señalado a funcionarios de la ONU como autores de «ataques sin fundamento, sin precedentes e indignantes contra mi persona y mi administración», según el documento, que el Gobierno tiene intención de remitir de forma inminente al organismo con sede en La Haya.
La decisión se produce después de que Duterte amenazara en varias ocasiones en los últimos meses con retirarse de la CPI, un tribunal que cuenta con 123 miembros y en el que brillan por su ausencia importantes potencias como EEUU, China o Rusia.
La CPI recibió en abril del año pasado la demanda de un particular filipino, que exigió juzgar a Duterte por «asesinatos en masa» durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado desde junio de 2016 con su campaña antidroga.
El Gobierno de Filipinas ha argumentado desde entonces que el organismo violaría su soberanía nacional si somete a juicio la guerra antidroga, ya que la jurisdicción de esta materia pertenece a los tribunales locales y de hecho ya existe en ellos un proceso abierto.
La «guerra contra las drogas» de Duterte, que goza de un apoyo cercano al 90% entre los filipinos, ha causado unas 4.000 muertes de sospechosos en redadas policiales, aunque se estima que el número total de víctimas supera las 7.000 al contar las muertes perpetradas por civiles.
