La administración del presidente Donald Trump activó por primera vez un tribunal especial creado para procesar la expulsión de extranjeros considerados presuntos terroristas, una medida que forma parte de la ofensiva migratoria de su gobierno.
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Se trata del Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés), una instancia creada en 1996 pero que nunca había sido utilizada hasta ahora. El Departamento de Justicia presentó una solicitud para iniciar un proceso de deportación contra una persona cuya identidad permanece bajo reserva por motivos de seguridad nacional.
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El mecanismo permite al gobierno estadounidense presentar casos relacionados con supuestas amenazas terroristas utilizando procedimientos confidenciales, lo que ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos civiles por la falta de transparencia en los procesos.
La activación de este tribunal ocurre mientras la administración Trump intensifica sus políticas migratorias y busca nuevas herramientas legales para acelerar las deportaciones de personas señaladas como una amenaza para la seguridad del país.
El Departamento de Justicia evitó este tribunal… hasta ahora
Desde que el Congreso creó el tribunal mediante una amplia ley conocida como la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, han persistido dudas sobre si sus procedimientos son constitucionales, lo que podría explicar por qué los gobiernos anteriores evitaron siquiera intentar presentar un caso ante él.
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Los legisladores establecieron estos procedimientos confidenciales como una forma de proteger secretos de Estado que el Departamento de Justicia considera que representarían un riesgo para la seguridad nacional si se revelaran en un tribunal abierto.
Autoridades estadounidenses han defendido la medida argumentando que busca proteger la seguridad nacional, mientras críticos advierten que los procedimientos secretos podrían limitar el derecho de los acusados a conocer las pruebas en su contra y defenderse ante la justicia.
El caso actual podría marcar el primer precedente público de este tribunal en sus tres décadas de existencia y abrir un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense.
