El ente acusador ya radicó el escrito de acusación en contra del expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
El cambio de dirección en la Fiscalía General de la Nación trajo también un cambio para el caso en el que está envuelto Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Este martes 9 de abril se dio a conocer que el exmandatario será acusado nuevamente, por lo que continuará el juicio en su contra.
Para llevar el caso fue designado el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villareal, que tiene el caso desde el 16 de enero al haber sido asignado por reparto. El escrito de acusación ya fue radicado en el centro de servicios judiciales Paloquemao.
Este avance se produce después de que dos fiscales diferentes intentaran precluir el caso en dos ocasiones, peticiones que fueron rechazadas por jueces penales del circuito competentes.
“A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal”, informó el ente acusador en un comunicado.
La siguiente etapa del proceso se llevará a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde, después de asignar el caso a un juzgado penal del circuito, se programará la audiencia de formalización de la acusación. En esa diligencia, tanto la defensa del investigado como el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y las partes que reclamen la calidad de víctimas, junto con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral. Este proceso deberá culminar con la emisión de un fallo judicial.
De esta forma, Uribe Vélez se convierte en el primer expresidente de la historia en ser llamado a juicio. Los testimonios que tuvo en cuenta la Fiscalía para radicar su escrito de acusación fueron los del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, de su exesposa Deyanira Gómez y del exparamilitar Carlos Enrique Vélez. “La Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo”, añadió la Fiscalía en su comunicado.
De qué se acusa al expresidente Uribe: un caso que él mismo empezó
El 4 de agosto de 2020, Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser sometido a arresto domiciliario, enfrentando cargos de fraude procesal y soborno a testigos. Uribe negó las acusaciones, atribuyéndolas a una persecución política. Este caso tuvo su origen en septiembre de 2014, cuando el senador Iván Cepeda convocó un debate de control político contra Uribe, relacionado con supuestos vínculos con paramilitares y narcotraficantes. Durante este debate, Cepeda presentó acusaciones específicas contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago, señalándolos como fundadores del Bloque Metro, parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En reacción, el expresidente presentó una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que este había incentivado a ex paramilitares a emitir testimonios falsos contra él. Tras una investigación de varios años hacia el senador, en 2018, el tribunal no solo desestimó las acusaciones dirigidas a Cepeda, sino que también inició una investigación formal contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal.
Presiones y contradicciones: el papel del abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena
Juan Guillermo Monsalve, exintegrante del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es uno de los testigos clave en el caso contra Álvaro Uribe. Convocado por Iván Cepeda, inicialmente declaró que en una propiedad de la familia Uribe se planearon actos violentos perpetrados posteriormente por paramilitares. Posteriormente, Monsalve se retractó de estas declaraciones mediante una carta, pero luego reafirmó sus acusaciones iniciales, alegando que había sido coaccionado para retractarse.
Testimonios, incluido el de Monsalve, indican que Diego Cadena, abogado de Uribe, presionó a testigos y ofreció dinero a cambio de modificar sus declaraciones para favorecer a Uribe, bajo el pretexto de ofrecer “ayuda humanitaria”. Cadena actualmente enfrenta un proceso judicial por estas acciones.
