El Consejo de Ex Funcionarios de la Gestión Gubernamental 2014-2022, ante la difícil situación
de inseguridad pública por el incremento de la extorsión, secuestro, asesinatos, robo,
usurpación de la propiedad privada y homicidios, a la comunidad internacional y al pueblo
hondureño, manifestamos lo siguiente:
En el Gobierno de la República del Ex presidente Juan Orlando Hernández Alvarado,
encontramos en el año 2014, un país violento con 86 muertos por cada 100 mil
habitantes, logrando reducir a una cifra de 38.6 muertos por cada cien mil habitantes
al cierre del año 2021, la reducción en la tasa de secuestros en un 90% y la
judicialización del 91% en los casos de extorsión; hoy tenemos un retroceso en materia
de seguridad, con alarmantes cifras que afectan la vida, la integridad física, la propiedad
y a la economía.
A través de la Tasa de Seguridad Poblacional, se instituyeron la Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la
Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia (DNII), la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la
Dirección Policial de Investigación (DPI), entre otros, además de invertirse fondos en la
tecnificación, modernización e infraestructura de la Policía Nacional para darle al país
una institucionalidad sólida para el combate a la delincuencia, decisiones firmes para
devolverle la paz y tranquilidad al pueblo hondureño, por las cuales hoy, somos
injustamente perseguidos y cuestionados por esas voces disonantes de algunos grupos,
cómplices con su silencio de lo que enfrentamos actualmente.
Se incrementó de 10 mil a 20 mil elementos policiales, mejor preparados, capacitados
y mejor pagados, así como a jueces, fiscales y demás operadores de justicia, con
presupuesto que se generó de la Tasa de Seguridad, construyéndose también cárceles
de máxima seguridad y cerrándose las escuelas del crimen como el centro penal de San
Pedro Sula, desmantelándose los cárteles de la droga en Honduras que operaron a sus
anchas a sabiendas de Gobiernos pasados sin hacer nada. Distribución de fondos a las
instituciones que integran el Sistema de Administración de Justicia conforme a lo
siguiente:
Fondos de la Tasa de Seguridad que este 2022 siguen recaudándose, sin control, ni
registro. Asimismo, se habla de un plan para adquirir un software y tecnología que ya
utilizaba el país, y que por negligencia este Gobierno descuido, afectando la seguridad.
Hoy vemos con suma preocupación cómo se están desarticulando todas las fuerzas de
combate a la delincuencia y el narcotráfico, desmontando el 911 con su moderno
sistema de cámaras de seguridad, lo que se ve reflejado en el aumento de muertes,
secuestros, extorsión y tráfico de drogas en todo el país, además; el riesgo de perder
de nuevo el sistema policial con la intención del gobierno actual de reintegrar al menos
2 mil policías depurados, ubicando en riesgo la seguridad ciudadana y desconociendo
las decisiones acertadas de la administración Hernández en materia de seguridad que
dieron resultados positivos e históricos. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué los
sectores de sociedad civil guardan silencio?
Lo advertimos como en su momento lo hizo el ex presidente Hernández, la seguridad
no se puede descuidar por un solo instante en el país; hay que recordar de dónde
venimos, el sufrimiento que ha tenido el pueblo hondureño por la pérdida de seres
queridos y los esfuerzos, el tiempo y la inversión que hicimos para recuperar la paz y
tranquilidad de todos. ¡No podemos seguir retrocediendo!
