El excongresista David Rivera y la consultora política Esther Nuhfe fueron declarados culpables por cargos relacionados por una campaña de influencia política a favor del régimen de Venezuela durante el primer mandato de Donald Trump.
Luego de cinco semanas de juicio, el jurado llegó al veredicto, el cual Rivera fue condenado a siete cargos, mientras que Nuhfe fue condenada a cuatro.
En el juicio quedó en evidencia que el excongresista de Miami hizo parte de una fuerte campaña de influencia extranjera para favorecer ciertos intereses del régimen de Nicolás Maduro.
Los vinculados fueron condenados a cargos relacionados por conspiración en contra de los Estados Unidos, actuar como agentes extranjeros sin registrarse, el incumplimiento con la ley federal de registro de agentes extranjeros y vínculos con lavado de dinero.
Esta decisión marca el fin de años de investigación en el que se evidenció que Rivera, quien ejerció como congresista por el Partido Republicano entre 2011 y 2013, y su consultora habrían ocultado un contrato de 50 millones de dólares con la filial estadounidense PDVSA, mientras querían influir en importantes figuras de Washington para beneficiar al régimen.
La defensa argumentó que no existía obligación legal de registrarse y que buscaban un cambio político en Venezuela, pero no querían favorecer los intereses de Nicolás Maduro, según reportó Telemundo.
Para llegar al veredicto, el jurado escuchó a 12 testigos y dos de la defensa. Asimismo, tuvieron acceso a cientos de mensajes, documentación, transacciones bancarias que son cruciales en el desarrollo del caso.
De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, compareció en el juicio semanas atrás, en el que aseguró que, aunque se reunió con Rivera en 2017 para hablar sobre Venezuela, no tenía conocimiento que el acusado tuviera ese contrato de 50 millones con PDVSA.
Asimismo, recalcó que de haber tenido conocimiento de dicho movimiento nunca habría aceptado las reuniones con el excongresista.
En el inicio del caso, la fiscalía tenía fuertes indicios que Rivera participó en una serie de movimientos en el que le hacía lobby a Maduro para mejorar las relaciones bilaterales en el primer mandato de Trump y lograr poner fin a sanciones económicas de Washington.
Para la ley de los Estados Unidos, las labores de lobby a favor de un gobierno extranjero deben registrarse ante las autoridades, y la fiscalía informó que el acusado nunca lo hizo.
