La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria se basa en la creación de un sistema equitativo y transparente en materia fiscal, pero bajo la óptica del sector privado el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo puede causar más perjuicios que utilidades a Honduras.
Todos los beneficios fiscales, ya sean exoneraciones, exenciones, incentivos brindados en contratos o cláusulas de estabilidad, bonificaciones, deducciones hasta liberaciones tributarias o aduaneras contenidas en la Ley de Zonas Libres (Zoli), Ley del Régimen de Importación Temporal (RIT), Ley de Fomento Agropecuario y la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables quedarían eliminados. También abarca para la Ley de Fomento a los Centros de Atención de Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales, Ley de Promoción y Fortalecimiento del Mercado de la Industria Eléctrica, así como la Ley de Fomento al Turismo.
La “Ley de Justicia Tributaria” de la administración de la presidenta Xiomara Castro, incluye el retorno a Honduras del concepto de fiscalidad internacional de la “Renta Mundial” y se crea una “Lista de Beneficiarios Finales”.
Es una propuesta amplia, interesante y ambiciosa según analistas, que advierten la necesidad de reformas constitucionales para eliminar del Código Tributario del 2016, el concepto de “Renta Territorial”, que se introdujo en ese momento.
Con la “Renta Mundial”, Honduras regresa al 87 por ciento de países que la aplican, porque permite al fisco gravar las utilidades de las empresas en el extranjero mediante convenios de intercambio de información entre las administraciones tributarias.
Mientras que con la “Lista de Beneficiarios Finales”, integrada por accionistas o dueños de grandes empresas, el SAR tendrá claro a quienes cobrarles de forma transparente el Impuesto sobre la Renta (ISR) tal como se hace en los países de avanzada, según el anteproyecto de ley.
