Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones, esta vez dirigida a 14 personas de latinoamérica involucradas en actos de corrupción u obstrucción del orden democrático. En el marco del Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos de la Sección 353, también conocida como Lista Engel, Washington sumó ahora a civiles de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, muchos de ellos involucrados en procesos electorales o cercanos a las esferas gubernamentales.
En el caso de Guatemala, que este año celebró las elecciones más polémicas de su historia y se encuentra a poco menos de un mes de que tenga lugar la investidura de Bernardo Arévalo, Estados Unidos sancionó a los fiscales Leonor Morales, Noé Rivera y Pedro Otto Hernández, así como a la ex presidenta de la Corte Suprema, Silvia Valdés Quezada, a quienes acusa de interferir en este proceso y “socavar” la democracia por medio de persecuciones a funcionarios judiciales anticorrupción e intentos de revertir el resultado de las elecciones.
En Honduras, las sanciones recayeron sobre el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, por coordinar a miembros del Partido Libre con el fin de “reprimir” e “intimidar violentamente” a los congresistas opositores el pasado 31 de octubre, fecha en la que se debatió el nombramiento de un nuevo Fiscal General. Salgado se mostró crítico con la Administración de Joe Biden en varias oportunidades ya que considera que conspira en contra de la presidenta Xiomara Castro.
Los restantes dos hondureños son empresarios ligados a casos de corrupción. Se trata de Mohammad Yusuf Amdani Bai y Cristian Adolfo Sánchez.
Entraron en la Lista Engel, también, cuatro nicaragüenses, nuevamente relacionados a algunos de los recientes acontecimientos en el país. La jueza Gloria Saavedra y las funcionarias Maribel Duriez y Ramona Rodríguez fueron agregadas por su rol en el cierre de la Universidad Centroamericana el pasado 15 de agosto, inhabilitando así uno de los centros educativos más prestigiosos en Nicaragua. Según el oficialismo, el sitio funcionó como un “centro de terrorismo, organizando grupos de delincuentes”, informó entonces la magistrada.
Saavedra, a cargo del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, fue también la que ordenó el arresto del obispo Rolando Álvarez, una de las principales voces opositoras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El cuarto nicaragüense alcanzado fue Alejandro Genet, acusado de participar en las campañas contra críticos del oficialismo y de reprimir a la disidencia valiéndose de su poder dentro de la Universidad Casimiro Sotelo -ex Universidad Centroamericana- donde asumió como rector meses atrás.
Las últimas tres personas en conformar la nueva lista son salvadoreñas, todas del Instituto de Acceso a la Información Pública (LAIP), señaladas de “bloquear deliberadamente e injustamente” el acceso a la información. Se trata de Ricardo Gómez -presidente- y Gerardo Guerrero y Andrés Rodríguez -ambos comisionados-. Esta no es, sin embargo, la primera vez que se apunta contra el organismo por faltar a sus tareas y, en su lugar, fomentar la opacidad sobre el gobierno del presidente Nayib Bukele.
