En absoluto silencio, Estados Unidos negocia con Venezuela la libertad de todos los presos políticos del regimen caribeño a cambio de los delincuentes comunes que están detenidos en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador.
La prioridad de Donald Trump son los 9 ciudadanos de Estados Unidos que Nicolás Maduro tiene desaparecidos en las mazmorras de la dictadura. A cambio, el líder republicano remitiría a un número similar de narcotraficantes que Nayib Bukele aloja en sus unidades carcelarias.
Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina, conduce las conversaciones de Estados Unidos con los representantes directos de Maduro.
En Caracas hay predisposición para cerrar un acuerdo con Washington, pero exigen una lista de condiciones que –por ahora– es rechazada en la Casa Blanca.
El dictador caribeño pretende que Estados Unidos levante las sanciones financieras y autorice que empresas americanas extraigan y exporten las reservas petroleras de Venezuela.
Asimismo, Maduro exige que el canje de presos políticos por narcotraficantes no sea simétrico. Como impuso Hamas con los rehenes judíos en Gaza, el sucesor de Hugo Chávez pretende cambiar a un ciudadano americano por un número amplió de los delincuentes que están a la merced de Bukele.
Claver-Carone, protagonista esencial de las negociaciones con Maduro, tiene como objetivo básico liberar a los 9 presos políticos americanos. Y a continuación abrir la lista de buena fe para el resto de los países, que también reclaman por su ciudadanos detenidos en Venezuela.
El Foro Penal, una organización que defiende a los derechos humanos ante la dictadura de Maduro, presentó un informe en marzo de 2025 que lleva como título Presos políticos con nacionalidad extranjera en Venezuela.
“Hemos identificado un patrón sistemático de represión en el tratamiento de ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela, en el cual la desaparición forzada se ha consolidado como el mecanismo más recurrente. En la mayoría de los casos documentados, las víctimas son arbitrariamente detenidas sin orden judicial previa, incomunicadas de sus familiares y trasladadas a centros de detención clandestinos o de difícil acceso, sin que se reconozca oficialmente su privación de libertad”, sostiene el dossier del Foro Penal.
