El Gobierno de Estados Unidos busca que los países latinoamericanos tomen medidas contra los grupos criminales que controlan las rutas migratorias, en un esfuerzo por limitar la llegada de personas a la frontera sur.
Tras una reunión de cancilleres y funcionarios de 21 Gobiernos de la región en Guatemala, la Casa Blanca anunció una serie de medidas acordadas en conjunto que incluyen compromisos para desmantelar las redes de “tráfico humano” y limitar el movimiento de personas a través del continente.
“Es imposible llegar a la frontera (sur de Estados Unidos) sin pasar por las manos de traficantes. Esto pasa no solo en México, sino en todos los países “, señaló el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para política fronteriza, Blas Nuñez-Neto, en una llamada con periodistas tras la clausura del encuentro en Ciudad de Guatemala.
Durante la cumbre, los países reafirmaron su “gran compromiso” por combatir “estas redes de crimen organizado”, subrayó Nuñez.
Entre las medidas específicas anunciadas está la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Costa Rica para “compartir información biométrica”, “reforzar” sus fronteras y cooperar para luchar contra el tráfico de personas, señaló la Casa Blanca en un comunicado.
A su vez, Estados Unidos se comprometió a “desplegar recursos” para ayudar a Guatemala a reforzar sus fronteras “terrestres, marítimas y áreas”, pero no ofreció más detalles sobre cómo se verá esta cooperación.
La Casa Blanca señaló también que los 21 países firmantes de la declaración de Los Ángeles, firmada en junio de 2022, reafirmaron que están dispuestos a “contener” la migración irregular a través de la imposición de visas de tránsito, el escrutinio de pasajeros y políticas para castigar a los grupos que “se enriquecen con la migración irregular”.
Las medidas para restringir el movimiento de personas en el continente, que han sido promovidas por el Gobierno estadounidense en acuerdos con los países de la región, han contribuido al incremento en el número de personas que atraviesan peligrosas rutas para viajar hacia Estados Unidos, como la selva del Darién, según denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
El año pasado, más de medio millón de personas cruzaron este enclave situado entre Colombia y Panamá en su camino hacia la frontera de México y Estados Unidos.
El grupo criminal que controla esta zona fronteriza, el Clan del Golfo, recibió el año pasado unos $68 millones de dólares por la extorsión de los migrantes, de acuerdo a las estimaciones de HRW.
Más del 60% de los que cruzaron el Darién el año pasado fueron venezolanos, a quienes la mayoría de los países en la región han impuesto visas de tránsito.
Ayuda de 578 millones de dólares a los países de la región
Tras la reunión ministerial, Estados Unidos anunció a su vez que entregará $578 millones de dólares en asistencia “económica, humanitaria y de desarrollo” a los países firmantes de la declaración de Los Ángeles.
Aún no se conoce la cantidad asignada para cada país, pero irá enfocada a la “población en situación de vulnerabilidad”, según indicó la consejera del presidente Joe Bien, Marcela Escobari, en la llamada con la prensa.
La Casa Blanca también informó que Guatemala y Costa Rica aceptaron expandir las nacionalidades que pueden registrarse en el programa de movilidad segura, una iniciativa de Estados Unidos que permite a algunos aplicar a un estatus de refugiado o visas laborales en el país norteamericano.
En concreto, el programa en Guatemala ahora estará abierto también para personas de El Salvador, Honduras y Nicaragua; y el de Costa Rica para los de Ecuador.
A través de esta iniciativa, los casos de más de 21,000 personas han sido aprobados para ser admitidos como refugiados en Estados Unidos, según datos de la Casa Blanca.
