En forma conjunta con otras democracias de nuestra comunidad internacional, Estados Unidos seguirá denunciando los abusos que continúa perpetrando el régimen de Ortega-Murillo y empleará herramientas diplomáticas y económicas para contribuir al restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Para tal fin, el Departamento de Estado está tomando medidas orientadas a imponer restricciones a visas de 116 personas que tienen complicidad en acciones que socavan la democracia en Nicaragua, incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios y funcionarios policiales, penitenciarios y militares.
A su vez, en el día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a seis miembros del régimen de Ortega-Murillo por su carácter de funcionarios actuales del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionarios en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. Adoptamos estas sanciones económicas y restricciones a visas para promover la rendición de cuentas por la escalada del autoritarismo y los abusos del régimen de Ortega-Murillo.
El régimen todavía mantiene encarcelados a 170 presos políticos, y muchos de los detenidos no tienen acceso a alimentos adecuados ni a atención médica apropiada. Otros permanecen en condiciones de confinamiento en solitario. El sistema judicial y de seguridad corrupto de Ortega arrestó a estas personas por ejercer el periodismo independiente, trabajar con organizaciones de la sociedad civil, intentar competir en elecciones y expresar públicamente una opinión contraria a la ortodoxia del gobierno, entre otras actividades que se consideran normales en una sociedad libre.
Acompañamos a la Unión Europea en la decisión de adoptar una postura firme contra las violaciones de derechos humanos y el desprecio hacia el pueblo nicaragüense que demuestra el régimen de Ortega-Murillo. El presidente Ortega asumirá hoy un nuevo mandato presidencial, sin embargo, la elección que montó el 7 de noviembre, cuyos resultados estaban determinados de antemano, no le otorga un nuevo mandato democrático, puesto que tal mandato solo puede obtenerse mediante elecciones libres y justas. El pueblo nicaragüense merece esa posibilidad y nada menos que eso.
