La Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría condenar a Honduras por el caso de los exmagistrados que fueron destituidos de sus cargos de forma irregular en diciembre del 2012.
Durante las audiencias, quedó comprobado que las destituciones de jueces deben contar con un control judicial posterior adecuado y efectivo. Así mismo que en la destitución de las víctimas no se respetó el principio de legalidad ni se aseguraron las garantías de acceso a la justicia.
El estado hondureño afirma la protección de los derechos humanos y resalta que las víctimas tienen derecho de una indemnización económica.
Los expertos en materia judicial consideran que en este caso se violentó el estado de derecho.
