La abogada y directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó la situación económica y social de Honduras a partir del dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) que, según su publicación, ubica la pobreza en 61.1 % de los hogares hondureños.
En un escrito titulado “La maquinaria de la pobreza”, Castellanos señaló que mientras una parte importante de la población enfrenta precariedad, otros hondureños se ven obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades.
La abogada también cuestionó las prioridades del gasto público y señaló que existen recursos destinados a planillas, viáticos y propaganda, mientras persisten problemas relacionados con la pobreza, la educación, la salud y la seguridad.
Castellanos sostuvo que la corrupción también afecta las oportunidades de los ciudadanos, al considerar que los recursos públicos que deberían traducirse en hospitales abastecidos, medicamentos, escuelas dignas y mejores condiciones de vida terminan desviándose hacia intereses particulares.
Asimismo, planteó que la situación educativa profundiza las dificultades para las nuevas generaciones, mientras muchas personas hacen filas para recibir ayudas o deciden abandonar el país.
Su pronunciamiento se produce en medio del debate sobre las cifras de pobreza en Honduras y el uso de los recursos públicos, poniendo el foco en el contraste entre las necesidades de la población y las prioridades del Estado.
