La exprocuradora general de la República, Lidia Estela Cardona, compareció este viernes ante los tribunales de Tegucigalpa en el proceso judicial que comparte con el diputado Nelson Márquez y otros imputados, acusados por presuntos actos de corrupción.
Tras la audiencia correspondiente, el juez competente dictó que Cardona enfrentará el proceso en libertad, por lo que podrá defenderse fuera de prisión mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.
De esta forma, su audiencia inicial ha quedado programada para el 26 de agosto.
La defensa de la exfuncionaria aseguró que confían en desvirtuar las acusaciones y reiteraron que su representada se presentará a todas las diligencias judiciales requeridas, cumpliendo con las medidas dictadas por el juez.
INFORMAMOS ANTES:
La exprocuradora Lidia Estela Cardona se presentó este viernes ante la justicia en el marco de la misma causa que involucra al diputado Nelson Márquez.
Cardona es señalada en la investigación por su presunta participación en irregularidades vinculadas al caso por el cual el subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez se encuentra judicializado que también involucran a otros funcionarios públicos. Su comparecencia forma parte del avance procesal en la causa que busca esclarecer los hechos.
Las autoridades judiciales confirmaron que la exprocuradora permanecerá a disposición de los tribunales mientras se determinan los siguientes pasos del proceso.
Contexto:
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) con el apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó en julio, requerimiento fiscal contra una red conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces que, según las investigaciones se coludieron para saquear al pueblo hondureño por más de tres mil millones de lempiras (L.3,084,223,255.38). Durante más de dos décadas orquestaron un fraude, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.
Se acusa a Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República; Nelson Javier Márquez Euceda, ex secretario de SEDECOAS y actual diputado del Congreso Nacional; Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora General de Gobierno; Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS; Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA); Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc., por suponerlos responsables del delito de fraude.
También se acusa a los jueces Irissabel Lucia Miranda Hernández y Raymundo Esau Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso y a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
El caso se origina en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, quien a su vez subcontrató ilegalmente a NAINSA. Y en el año 2001 el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
DRC Inc. estableció un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiese tenido relación contractual alguna con el Estado. El objetivo era presentar varias demandas contra la administración pública por los mismos hechos, fingiendo actuar como entidades separadas. Además, en dicho convenio ambas empresas se comprometieron a no demandarse entre sí, bajo ninguna circunstancia, evidenciando que su actuación era coordinada y simulada, con la única finalidad de defraudar al Estado hondureño.
