SE SOLICITA SE REALICE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CON LA FINALIDAD DE INTENTAR UNA QUERELLA. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. PODER.
Fiscalía de Delitos Comunes de Tegucigalpa
Yo; JOSÉ RÓMULO MEJÍA PINEDA, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado, con carné de Colegiación número 13530, del Ilustre Colegio de Abogados de Honduras, con oficina Profesional en la Dirección General de la Policía Nacional, en la Aldea El Ocotal Antiguas Instalaciones de la ANAPO, Comayagüela, M.D.C., teléfono 31742268, correo electrónico jrmejí[email protected]; accionando en mi condición de apoderado legal de los ciudadanos: JOSÉ DAVID AGUILAR MORAN, ORBIN ALEXIS GALO MALDONADO y ORLIN JAVIER CERRATO CRUZ, tal como lo acredito con el Poder General para Pleitos, autorizado ante los oficios del Notario Jeovanny Joel Hernández Sánchez, en fecha 29 de enero de 2018, que acompaño, con el debido respeto comparezco ante usted Señora Fiscal, presentando solicitud para que se realicen investigaciones preparatorias con la finalidad de intentar una Querella, en vista de publicaciones difamatorias realizadas por los periodistas: CHRISTOPHER SHERMAN, MARTHA MENDOZA Y GARANCE BURKE de la agencia de noticias “The Associated Press”, solicitud que formulo en base a los hechos y consideraciones de Derecho siguientes:
HECHOS
PRIMERO: El 25 de enero del año en curso, los periodistas CHRISTOPHER SHERMAN, MARTHA MENDOZA Y GARANCE BURKE de la agencia de noticias “The Associated Press”, publicaron una noticia en la cual entre otras cosas se expresa lo siguiente:
“CIUDAD DE MEXICO, cuando José David Aguilar Morán asumió la semana pasada como nuevo jefe de la policía nacional de Honduras, prometió continuar la depuración de su corporación, manchada en distintos momentos por casos de corrupción y complicidades con los carteles de las drogas.
Sin embargo, un informe confidencial del gobierno obtenido por The Associated Press dice que el propio Aguilar ayudó en 2013 al líder de un cartel de las drogas a concretar la entrega de un importante cargamento de cocaína.
El cargamento de 780 kilos (1700 libras) de cocaína estaba escondido en un camión cisterna que, según el informe, era escoltado por agentes corruptos hasta la casa de Wilter Blanco, un narcotraficante que recientemente fue condenado en Florida a 20 años de prisión.
Aguilar era en aquel momento el jefe de inteligencia de la Policía Nacional e intervino luego de que uno de los agentes que custodiaba el cargamento fue detenido por un policía de rango menor, señala el informe. El agente, detenido y esposado, llamó a Aguilar, quien dio la orden de liberar al agente y al camión, de acuerdo con el informe.
El valor de la cocaína en las calles de Estados Unidos habría sido de más de 20 millones de dólares.
Cuando se le preguntó por el incidente de 2013, el gobierno de Honduras envió a la AP un largo comunicado diciendo que el informe es falso y no constituye “una comunicación oficial de la Policía Nacional”. La AP no compartió el documento con el gobierno por cuestiones de seguridad, pero describió el contenido.
El gobierno también señaló en su comunicado que las denuncias contra la cúpula policial “carecen de veracidad” y que los medios de comunicación deberían verificar la información antes de lanzar “primicias falsas”.
Además del informe, la AP confirmó la versión mediante comunicaciones internas y una ficha del archivo personal de Aguilar que resume su presunta participación.
Este mes, Omar Rivera, miembro de la comisión del gobierno responsable de depurar a los policías corruptos, declaró al diario La Prensa que Aguilar era un candidato muy sólido por sus “méritos y su buen desempeño”. Pero una página del archivo personal de Aguilar, que fue conseguida por la AP, incluye una parte en la que se resume su participación en el incidente del 2013 y se habla de complicidad con el crimen organizado y los traficantes de drogas. No hay indicios de que se hayan tomado medidas frente a esos señalamientos.
Blanco fue arrestado en el 2016 en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable de conspirar para transportar 1.800 kilos (4000 libras) de cocaína de Colombia a Honduras durante un período de dos meses. En Honduras se informó que el arresto de Blanco había dado lugar a la investigación de decenas de policías y otros funcionarios políticos y judiciales, pero no salió a la luz ninguna versión de investigaciones sobre corrupción relacionadas con ese narcotraficante. Su abogado, Víctor Rocha, dijo a la AP que tuvo varias charlas con su cliente y nunca mencionó que la policía colaborase con el narcotráfico.
Los lazos del narcotráfico con las fuerzas policiales y los círculos políticos están bien documentados.
El informe del inspector general detallando la investigación del camión cargado de cocaína explica cómo Blanco controlaba a la policía.
Fuentes de la jefatura policial en La Ceiba dijeron que antes y después del incidente del camión, el jefe de la policía regional José Rolando Paz Murillo recibió a Blanco y a otros oficiales en su oficina. En los encuentros, Blanco entregó miles de dólares en sobornos para asegurarse de que la policía permitiría el aterrizaje de aviones cargados con cocaína y que la droga sería transportada luego sin interferencias, de acuerdo con el informe.
Entre quienes asistieron a esos encuentros, dice el informe, figuraron Aguilar, así como el nuevo inspector general de la Policía Nacional, Orlin Javier Cerrato Cruz, y Orbin Alexis Galo Maldonado, designado por Aguilar como su segundo. En una breve conversación telefónica, Galo negó tener conocimiento de los hechos. No fue posible ubicar a Cerrato para solicitar su comentario.
Según el reporte, fue un jefe local de la policía turística, Grebil Cecilio Girón Miranda, quien interceptó el camión lleno de drogas, que iba escoltado por 11 agentes policiales en cuatro vehículos. Girón estaba de turno con otros dos oficiales cuando un informante de una banda rival lo llamó para ponerlo al tanto del camión con cocaína, indicaron los investigadores.
El informe dice que Girón y sus compañeros llevaron el camión a una comisaría y que, poco después, Paz, el jefe policial de la zona, llegó y amenazó a Girón y los otros agentes que participaron en la detención del camión, diciéndoles que se aseguraría de que serían despedidos. Girón apuntó su arma a Paz, hizo que se tirase al piso y lo esposó, según el informe. A medida que el jefe policial seguía lanzando amenazas, señala el informe, los agentes le permitieron hacer una llamada telefónica. Paz llamó a Aguilar y le pasó el teléfono a Girón. Según declaraciones de los agentes, Aguilar les dijo que liberasen inmediatamente a Paz y dejasen ir el camión con las drogas. Obedecieron y el cargamento continuó su camino hasta la casa de Blanco, según el reporte.
El entonces jefe de la Policía Nacional ordenó una investigación, de acuerdo con el documento, pero fue postergada hasta la llegada de un nuevo inspector general a principios del 2014. Para cuando se presentó el informe a fines de febrero del 2014, ya había vencido el plazo de cuatro meses para que se tomasen medidas.
Todos los agentes mencionados en el informe contactados por la AP dijeron no saber nada sobre las denuncias. La Policía Nacional no puso a disposición a ninguno de los agentes para que comentasen el caso.
De acuerdo con el informe, Paz le dijo al oficial que hizo los arrestos que el director de la policía de entonces, Juan Carlos Bonilla Valladares, y otro alto jefe policial, Héctor Iván Mejía Velásquez, estaban al tanto de lo que sucedía con las drogas y que habían ordenado que dejasen que el camión continuase su camino. Bonilla dijo a la AP que los documentos eran falsos y Mejía afirmó que no sabía nada del caso”.
SEGUNDO: Es de expresar Señora Fiscal, que las aseveraciones hechas por los periodistas en referencia, son constitutivas del delito de difamación en perjuicio de mis representados, que dañan su patrimonio moral y la imagen de la institución policial, al imputárseles falsamente delitos de acción penal pública mediante la utilización de medios de difusión masiva, no obstante que se les hicieron las aclaraciones oportunas y se les acreditó mediante documentación oficial, que el informe con el número de oficio SEDS-IG-Nº 079-2014, que supuestamente ellos tenían en su poder, era falso. En vista de la complejidad de la modalidad delictiva, por desconocerse el domicilio exacto de los responsables, y por ser necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, recurrimos ante esa Fiscalía en aplicación de lo establecido en el artículo 407 del Código Procesal Penal, solicitando que se realice una investigación preparatoria, a efecto de presentar una querella en contra de las personas que producto de las investigaciones resulten responsables.
TERCERO: Respetuosamente sugerimos a esa Fiscalía, se realicen las siguientes diligencias investigativas, sin perjuicio de otras que esa Institución considere pertinentes:
1.- El nombramiento de perito para la realización de pericias informáticas a dispositivo celular del Director de Comunicaciones Estratégicas, Sub-Comisionado de Policía José Jair Meza Barahona a fin de obtener del mismo la información concerniente a las llamadas telefónicas realizadas por el periodista Christopher Sherman, durante el mes de enero de 2018, en relación a un supuesto hecho delictivo cometido por funcionarios policiales en octubre de 2013 en la ciudad de Tela, Atlántida.
2.- Solicitar el nombramiento de peritos informáticos a fin de realizar las pericias necesarias para obtener las URL de las páginas Web en las cuales se publicó los reportajes en los cuales se difama a mis representados.
3.- Solicitar al tribunal competente, que requiera a las Operadores de telefonía celular: TIGO, CLARO y HONDUTEL, a fin de que proporcionen la siguiente información:
- Los números de SIM que han recibido y realizado llamadas telefónicas en Honduras, dé y al número de teléfono Móvil 52 1 55 54024593. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018.
- Generales de los Propietarios.
- Lugares de Compra del SIM.
- Registros de Llamadas entrantes y salientes, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018. Con los siguientes datos: Llamada entrante y Llamada saliente de:
- Coordenadas Latitud, Longitud.
- Duración de la llamada.
- Banda de cobertura (2g, 3g, 4g)
- Una vez obtenida la información antes mencionada, se nombre un perito para realizar el análisis de la Sabana (Vaciado) telefónica.
- Toma de declaraciones testificales de los ofendidos.
CONSIDERACIONES LEGALES
Las imputaciones realizadas por los periodistas en mención, se pueden subsumir el tipo penal de Difamación, regulado en el ARTICULO 160. Que establece: “Se incurre en difamación, y se impondrá al culpable la pena de la calumnia o de la injuria, según proceda, aumentada en un tercio, cuando las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público.
DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS
- -Copia de los acuerdos de nombramiento de mis representados.
- -Cadena de Mando Policial del año 2013.
- -Copia autenticada del Oficio SEDS-IG-Nº 079-2014 y documentación soporte.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento la presente Denuncia en el artículo 59, 80, 82, 89 y 90 Constitucional: 14. 15, 407 y demás aplicables del Código Procesal Penal: 160 del Código Penal Vigente.
PETICIÓN
A la señora Fiscal respetuosamente PIDO: Admitir la presente solicitud junto con los documentos acompañados, mandar a instruir la investigación Preparatoria y una vez concluida la misma se nos proporcione el informe respectivo, con la finalidad de presentar la querella correspondiente, en contra de las personas que producto de las investigaciones resulten responsables, por la comisión del delito de Difamación, en perjuicio de mis representados.
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de enero de 2018.
