La propuesta de una reforma tributaria por parte del Gobierno dirigido por la presidenta Xiomara Castro provocó la inmediata reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que manifestó que no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con la ley propuesta por la administración.
«Mejor que digan se prohíbe la inversión privada», dijo el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho. Por su parte, el gobierno sostiene que si no hacen estas reformas Honduras caería en la categoría de «paraíso fiscal».
El miércoles 8 de marzo, el ministro de la Secretaría de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, se reunieron con dirigentes del sector privado para presentarles un proyecto denominado Ley de Justicia Tributaria. De acuerdo con esta propuesta de ley –que aún no ha llegado al Congreso Nacional– se eliminarían 10 de los 18 regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales que existen en el país. También se pretende crear figuras para combatir la evasión fiscal.
La administración actual asegura que, solo en el 2022, Honduras dejó de percibir casi 60,000 millones de lempiras en impuestos y que la mayoría de estos beneficios se le otorgaron a los más ricos del país.
El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, calificó la propuesta del Gobierno como «peligrosa» y agregó en relación con una reforma tributaria, «que nos expliquen si quieren que se mantengan o no las empresas» dijo en un claro rechazo a lo pretendido por la administración de Xiomara Castro.
En el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria presentado por la SAR al Cohep se contempla que se derogarán 10 regímenes de beneficios para «evitar la inscripción de nuevas empresas en marcos legales desnaturalizados, abusivos y lesivos».
