La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) con el apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presenta requerimiento fiscal contra una red conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces que, según las investigaciones se coludieron para saquear al pueblo hondureño por más de tres mil millones de lempiras (L.3,084,223,255.38). Durante más de dos décadas orquestaron un fraude, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.
Se acusa a Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República; Nelson Javier Márquez Euceda, ex secretario de SEDECOAS y actual diputado del Congreso Nacional; Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora General de Gobierno; Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS; Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA); Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc., por suponerlos responsables del delito de fraude.
También se acusa a los jueces Irissabel Lucia Miranda Hernández y Raymundo Esau Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso y a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
El caso se origina en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, quien a su vez subcontrató ilegalmente a NAINSA. Y en el año 2001 el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
DRC Inc. estableció un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiese tenido relación contractual alguna con el Estado. El objetivo era presentar varias demandas contra la administración pública por los mismos hechos, fingiendo actuar como entidades separadas. Además, en dicho convenio ambas empresas se comprometieron a no demandarse entre sí, bajo ninguna circunstancia, evidenciando que su actuación era coordinada y simulada, con la única finalidad de defraudar al Estado hondureño.
