Panamá celebra este domingo unas inéditas elecciones marcadas por un fallo judicial que permitió a último momento la candidatura del favorito para ganar la presidencia, en un país golpeado por la corrupción, la falta de agua en el canal interoceánico y la crisis migratoria del Darién.
Tres de los 4,4 millones de panameños están llamados a elegir presidente para los próximos cinco años, en comicios a una sola vuelta y por mayoría simple, a 71 diputados y a los gobiernos locales. Las urnas abrieron a las 07:00 (12 GMT), y la jornada se extenderá hasta las 16:00 (21:00 GMT).
De siete aspirantes, el abogado derechista José Raúl Mulino lidera la intención de voto en las encuestas previas con más de un 30%, que le heredó el expresidente Ricardo Martinelli, a quien sustituyó pues éste fue inhabilitado tras recibir una condena de 11 años de cárcel por lavado de dinero.
A unos 15 puntos se ubicaban el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos (2004-2009), hijo del general Omar Torrijos, quien negoció con Washington la entrega del canal a Panamá; y dos centroderechistas, el excanciller Rómulo Roux y el ex cónsul Ricardo Lombana.
Los sondeos ubicaban muy rezagados al resto de competidores: José Gabriel Carrizo, por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), la independiente Zulay Rodríguez y la izquierdista Maribel Gordón.
La lucha contra la corrupción
En febrero, poco antes de que se emitiera su orden de captura, Martinelli se asiló en la embajada de Nicaragua, desde donde hizo campaña para su delfín, con la venia del régimen de Daniel Ortega y pese a la protesta de Panamá. La situación de este exmandatario será un tema incómodo a resolver para el próximo gobernante.
Sin embargo, más allá de la condena y otros líos judiciales, Martinelli es apoyado por muchos panameños que añoran la bonanza económica que vivió el país durante su gobierno (2009-2014). “Robó, pero hizo”, dicen algunos. Las principales inquietudes de la mayoría son el costo de vida, el acceso al agua potable y el deterioro del seguro social.
La economía panameña fue la de más rápido crecimiento en Latinoamérica durante la administración de Martinelli, producto de la construcción de grandes obras como la expansión del Canal de Panamá y la primera línea del Metro capitalino, el primero en Centroamérica. Ese crecimiento, empero, se vio salpicado por denuncias de sobrecostos en muchas de las obras y los pagos de sobornos por parte del gigante de la construcción brasileña Odebrecht.
Analistas y políticos también coinciden en que los comicios de este domingo son históricos, tanto por la incertidumbre que hubo hasta el final sobre una de las candidaturas como por las expectativas de combate a la corrupción expresada en casos como Odebrecht -que implica a los expresidentes Juan Carlos Varela (2014-2019), Martinelli y dos de sus hijos, además de exministros y empresarios- y New Business, por el que fue condenado Martinelli, entre otros.
Es precisamente a las dudas sobre esta lucha contra la corrupción a lo que se atribuye que una buena porción de los electores encuestados, más del 20%, dice no saber por quién votar.
Reflotar la economía del país que aloja al canal interoceánico es otro asunto retador y que la mayoría de los candidatos vincula al combate de la corrupción y el clientelismo que drena los recursos públicos, a la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo mediante el impulso del turismo y la diversificación productiva que llene el hoyo dejado por la inhabilitación de una gran mina de cobre canadiense.
Quiénes son los favoritos
Según las encuestas, los cuatro candidatos presidenciales con opciones de ganar este domingo en Panamá son un veterano político de carácter fuerte, un expresidente “con apellido”, un ex cónsul rockero y un ex ministro para Asuntos del Canal. Los tres restantes, incluido el oficialista José Gabriel Carrizo, rondan el 5% de la intención de voto.
El delfín de Martinelli
José Raúl Mulino, de 64 años, dejó su finca y sus caballos para acompañar como candidato a vicepresidente a Martinelli, de quien fue su ministro de Seguridad. Pero el exmandatario, condenado por blanqueo de capitales, fue inhabilitado como postulante a la Presidencia y Mulino lo reemplazó.
Su candidatura fue impugnada por no haber sido elegido en primarias ni tener compañero de fórmula, pero la Corte Suprema de Panamá intervino y el viernes declaró que “no es inconstitucional” la decisión del Tribunal Electoral del pasado 4 de marzo que designó a Mulino como sustituto de Martinelli.
“El voto de Martinelli es lo que me tiene aquí”, dice este abogado de carácter fuerte, candidato de los centroderechistas Realizando Metas y Alianza, quien usa el lema “Mulino es Martinelli”.
Como ministro de Seguridad, fue blanco de duras críticas y denuncias por la represión policial de una protesta de bananeros indígenas en 2010 que dejó dos muertos y más de 100 lesionados por disparos de perdigones, entre ellos con lesiones oculares. Algunos de los rivales le han recriminado esa represión exigiéndole que participara en los debates para que respondiese a ése y otros asuntos, pero Mulino declinó asistir a los tres debates celebrados.
Fue también canciller y ministro de Justicia. Entre 2015 y 2016, estuvo en prisión preventiva por corrupción, pero fue liberado por errores procesales.
Su plataforma aboga por “llevar más dinero a los bolsillos de los panameños” a través de una serie de proyectos de infraestructura destinados a impulsar el empleo y la inversión.
El hijo del general
Martín Torrijos, presidente de 2004 a 2009, regresó al ruedo tras una pelea con el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), fundado por su padre hace 45 años y al que acusa de corrupción y de abandonar los ideales socialdemócratas.
Buscar la reelección “fue una decisión de conciencia”, dijo a AFP el hijo del fallecido general Omar Torrijos, el líder nacionalista que recuperó el canal de Panamá de manos estadounidenses.
A sus 60 años, este egresado en Economía de la Universidad de Texas A&M, se postula ahora con el pequeño Partido Popular (democristiano).
En su gobierno impulsó la ampliación del canal de Panamá, que quiere potenciar para generar empleo, pero carga con la responsabilidad de haber introducido a la constructora brasileña Odebrecht, acusada por sobornos en Latinoamérica.
Seguidor del Real Madrid, tiene al colombiano Gabriel García Márquez de referencia literaria. “Ese mundo de Macondo, lo vemos en la realidad nuestra”, asegura.
Su gobierno también fue responsable de sellar el primer acuerdo de libre comercio de Panamá con Estados Unidos. Ahora pretende ampliar las operaciones del canal convirtiéndolo en gestor de los recursos hídricos del país. También gastaría 19.000 millones de dólares en 40 proyectos de infraestructura, creando 165.000 empleos directos.
“Panameños, es momento de actuar. No podemos permitir que los corruptos y la improvisación continúen dañando a nuestro país. Es hora de trabajar juntos para transformar Panamá y construir un futuro mejor para todos. Este va a ser el triunfo de todos los panameños”, expuso en su cuenta de Instagram.
El hacha contra la corrupción
El abogado Ricardo Lombana lleva tiempo afinando su discurso anticorrupción en un país marcado por el clientelismo. A sus 50 años, aspira por segunda vez a la presidencia prometiendo limitar el uso de fondos públicos y eliminar fueros y privilegios de los altos funcionarios.
En campaña blandió un hacha como símbolo de su promesa, en una posible imitación de la motosierra del presidente argentino Javier Milei. También suele utilizar un pregón que se le escucha al presidente salvadoreño Nayib Bukele de que “la plata alcanza cuando nadie se la roba”.
Fue cónsul en la embajada de Panamá en Estados Unidos durante el gobierno de Torrijos. Promete reducir el tamaño de la Asamblea Nacional unicameral y conversar con Bukele sobre cómo enfrentar el tema de la inseguridad.
En su Movimiento Otro Camino (MOCA, centroderecha) reclutó a exfuncionarios e independientes, especialmente jóvenes y opuestos a la minería. Prometió reducir el costo de la electricidad con la instalación masiva de paneles solares.
En enero anunció que padece un cáncer de próstata “curable”, y su campaña ha sufrido críticas debido a sus comentarios contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Es el candidato más joven y es admirador del fallecido canadiense Neil Peart, de la banda de rock progresivo Rush, y compagina la política con su mayor pasión: la batería.
“Juventud panameña, salgamos masivamente este domingo a ponerle gancho al 9 (número que le corresponde en el tarjetón electoral), a construir otro camino y a devolverle la esperanza a este país”, dijo en un video subido a X en su cierre de campaña.
El enemistado ex canciller de Martinelli
Rómulo Roux, segundo en las elecciones en 2019, fue ministro para Asuntos del Canal y canciller en el gobierno de Martinelli. Pero ante los líos judiciales del expresidente, puso tierra de por medio y logró quitarle el control de Cambio Democrático (centroderecha), fundado por el exmandatario en 1998.
Este abogado de 59 años, doctorado en Miami, busca ahora ganar la presidencia en coalición con el tradicional Partido Panameñista. Pero le pesa su vínculo con un bufete de abogados de la minera de cobre que desató masivas protestas a fines de 2023.
En la campaña ha hecho del turismo y la logística sus prioridades, al tiempo que se ha comprometido a crear 500,000 puestos de trabajo y hacer reformas contra la corrupción.
Usuario de TikTok, simpatizante del Real Madrid y con las fechas de nacimiento de sus siete hijos tatuadas en un brazo, es el candidato más abierto a la posibilidad de permitir las uniones civiles entre homosexuales.
“Este domingo, vamos a cambiar el futuro de Panamá. Cerramos esta campaña con muchísima fuerza, alegría, entusiasmo y compromiso para los 5 años que vienen. ¡Vamos unidos a ganar!”, escribió en la red social X.
Este 5 de mayo unos tres millones de panameños están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional (AN), 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus suplentes, para el período constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
