Las autoridades salvadoreñas, especialmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE), deben cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos aplicables al proceso electoral que inició en El Salvador el 6 de septiembre, dijo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
La ciudadanía salvadoreña acudirá a las urnas en febrero de 2024 para elegir representantes de la presidencia y legislatura en marzo de 2024 y para municipalidades y Parlamento Centroamericano en un contexto de deterioro del Estado de Derecho y violaciones a derechos humanos donde es imperativo garantizar el derecho a elecciones libres, transparentes y justas.
“El respeto y garantía de los derechos a la expresión, reunión y asociación —hoy limitados— son condiciones esenciales para el efectivo ejercicio de derechos durante el proceso electoral” dijo Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de WOLA.
Es necesario que el TSE proteja los valores democráticos y verifique las condiciones previas a las elecciones y no solamente en la propia jornada electoral, especialmente en lo respecto al uso de fondos y al financiamiento de campañas electorales.
Además, el escrutinio internacional resulta clave para proteger la democracia del país, así cobra relevancia que el Estado Salvadoreño permita que misiones de observaciones electorales como las de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) puedan monitorear la integridad del proceso desde su inicio. Asimismo, la comunidad internacional debería brindar apoyo a la sociedad civil y a los periodistas independientes que monitorean las elecciones, promueven el Estado de Derecho y protegen los derechos civiles y políticos de la ciudadanía salvadoreña.
