El Tribunal Supremo de Pakistán ha ordenado la liberación “inmediata” del ex primer ministro Imran Khan, detenido el martes anterior en Islamabad, la capital del país, cuando se dirigía a declarar en los juzgados por un caso de corrupción en el que está presuntamente implicado. El arresto se produjo con un violento operativo militar que ocasionó protestas en todo el país, con miles de partidarios exigiendo su liberación. La máxima instancia judicial paquistaní ya había expresado sus dudas sobre esta acción y ahora la ha declarado “ilegal”. “Su arresto es inválido y el proceso entero debe ser revisado”, ha comunicado Umar Ata Bandial, presidente del Supremo, al detenido. Este ha asegurado que ha sido “tratado como un terrorista”.
Khan fue detenido por fuerzas paramilitares nacionales en el marco de una trama de corrupción relacionada con un fondo para la educación de unos 177 millones de dólares (162 millones de euros) conocida como el caso de Qadir Trust y en la que el exmandatario está presuntamente implicado. La detención fue practicada cuando este se dirigía al tribunal para solicitar la libertad bajo fianza en otro de los más de 100 procesos abiertos en su contra por supuesta corrupción. “El Supremo ha anulado todos los procedimientos judiciales contra Imran Khan (…) Se le ha pedido que se presente en el Tribunal Superior de Islamabad el viernes por la mañana”, ha declarado a la prensa el abogado del político, Babar Awan.
Este jueves, el Supremo paquistaní convocó una audiencia para tomar declaración al ex primer ministro, en custodia policial, por las dudas sobre la legalidad de su detención y tras recibir un recurso presentado por los abogados del partido, el Movimiento por la Justicia (PTI). La formación política buscaba anular la orden, que había sido emitida por el Tribunal Superior de Islamabad. “El presidente del Supremo ha pedido explicaciones a la policía sobre cómo habían arrestado a Khan en las instalaciones del tribunal”, ha declarado Ishtiaq Ahmed, funcionario de este órgano judicial, a la agencia EFE. “Los jueces opinaron que no se siguió el debido procedimiento legal”, ha continuado el oficial.
La cadena de televisión Geo TV ha mostrado cómo Khan era conducido al Tribunal Supremo bajo fuertes medidas de seguridad en una caravana de casi una docena de vehículos encabezada por un alto cargo de la policía. De momento, pasará la noche en las mismas instalaciones policiales en las que estaba, pero se le permitirá reunirse con un número limitado de amigos y familiares. No se ha aclarado cuándo se le permitirá volver a casa.
El PTI había convocado para este viernes una “gran marcha” en Islamabad si el político no era liberado, pero el partido ya había respondido al arresto desde el momento en que se efectuó con un llamamiento a todos sus seguidores para que salieran a la calle a protestar. Si bien estas marchas fueron mayoritariamente pacíficas, degeneraron en ataques a sedes militares, instituciones estatales y residencias de oficiales que hasta ahora han causado ocho muertos, cientos de heridos y más de 1.900 arrestados, entre ellos varios líderes del PTI acusados de incitar a la violencia. “La nación de Pakistán da la bienvenida a la decisión de la Corte Suprema que anuló el arresto”, ha indicado el PTI tras conocer la decisión de las autoridades judiciales.
Imran Khan cumplió cuatro años de los cinco años de su mandato, pues en abril de 2022 perdió la jefatura del Gobierno en una moción de censura parlamentaria que el exmandatario atribuyó a una maniobra de Estados Unidos para castigarle por su amistad con Rusia primero, y a una conspiración del Ejército de Pakistán con la oposición después. En la actualidad, el ex primer ministro se enfrenta a la inhabilitación para ejercer un cargo público si es declarado culpable en alguna de sus causas abiertas. De hecho, días antes de su detención, la prensa paquistaní había informado de que Khan sería imputado en el marco del caso Toshajana por enriquecimiento ilícito al ocultar, presuntamente, regalos que recibió durante su etapa al frente del Gobierno. Tanto él como su mujer, Bushra Bibi, también han sido acusados de estar detrás de un desfalco de 50.000 millones de rupias (unos 157 millones de euros) tras un acuerdo con un multimillonario.
Khan, de 70 años, héroe del críquet reconvertido en político, ha negado haber cometido delito alguno y no ha dado muestras de querer retirarse a pesar de su destitución. Ni siquiera después de resultar herido en noviembre en un atentado contra su convoy cuando encabezaba una marcha de protesta hacia Islamabad en la que pedía elecciones generales anticipadas.
Siguen las protestas
Dos días después del arresto continúan las violentas protestas de sus partidarios, así como las detenciones y las restricciones de derechos fundamentales: las autoridades de tres de las cuatro provincias del país prohibieron todas las reuniones públicas, mientras que el Ministerio del Interior ordenó la suspensión de los servicios de internet móvil en todo el país por un periodo indefinido. También se desplegó el Ejército en Islamabad y en la región de Punyab, la más poblada del país.
Esta violencia ha agravado la inestabilidad en este país de 220 millones de habitantes, que se enfrenta a su peor crisis económica en décadas, con una inflación récord y un crecimiento muy bajo. El país está muy endeudado y debe subir los impuestos y los precios del agua y la electricidad para obtener el desbloqueo de un nuevo tramo del plan de rescate de 6.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitar caer en una moratoria de la deuda.
Durante la celebración de la vista en el Tribunal Supremo, su presidente, Bandial, ha instado a Khan a “condenar” las protestas, que también han llamado la atención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Este ha pedido a las fuerzas de seguridad que “actúen con moderación”, al Gobierno que levante las restricciones a internet, y a los manifestantes que “se abstengan de recurrir a la violencia”. “La libertad de expresión, la reunión pacífica y el Estado de derecho son esenciales para resolver los conflictos políticos; la fuerza desproporcionada no tiene cabida”, ha tuiteado.
