El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado este martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad. La sentencia contraviene una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había pedido al Estado peruano acatar la orden de no sacarlo de prisión. La resolución establece la “falta de competencia” de la CIDH para “ordenar directamente la no decisión de una orden judicial”. La semana pasada el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, ya había sido tajante al respecto al respecto: “La respuesta es sí [procede la liberación de Fujimori], porque lo que hemos resuelto nosotros es una aclaración”. “Las sentencias del Tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional”, agregó.
Fujimori recibió un indulto humanitario en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue revocado en el verano de 2018. Sin embargo, en marzo de 2022, el TC declaró fundado un habeas corpus a su favor. La semana pasada, el máximo intérprete de la Constitución dejó la ejecución en manos del juez Vicente Fernández Tapia. No obstante, Fernández resolvió no hacerla efectiva. En la resolución de este martes, el Tribunal Constitucional expone su desacuerdo con su decisión. “Llamar severamente la atención al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”.
Elio Riera, el abogado de Fujimori, se pronunció desde el penal de Barbadillo tras visitarlo en su celda. “(Fujimori) ha tomado con mucha alegría este mandato y, bueno, me ha encomendado esta última misión de darle viabilidad a los trámites administrativos para su liberación. Ahora me dirigiré al Instituto Nacional Penitenciario. Estimo que mañana (miércoles) debería salir libre. En un día a más tardar”, dijo. Respecto a las responsabilidades internacionales del Estado y a una posible sanción por no acatar la orden de la CIDH, Riera aseguró: “Es un límite de convencionalidad. La Corte no debe decidir quién sale y quién no. Prima el Derecho de Soberanía. No es determinante. No hay ninguna vinculación”.
