El Tribunal Constitucional alemán anunció este jueves la anulación de una controvertida ley para controlar los precios de los alquileres en Berlín tendiente a contener la disparada de los costos de vivienda en la capital.
Esta ley, que entró en vigencia el año pasado, “no es compatible con la Constitución y en consecuencia es anulada”, declaró el tribunal con sede en Karlsruhe (sudeste).
La legislación en materia de alquileres es competencia del Estado federal, por lo que el gobierno berlinés se excedió en sus competencias al promulgar esta ley, detalló la justicia, apoyando el recurso presentado por los partidos de oposición conservadores y liberales de la ciudad.
El texto, que entró en vigor en febrero de 2020, fue aprobado por 85 votos sobre un total de 150 en el Parlamento berlinés, en el que los partidos de izquierda y los Verdes son mayoría.
El control de precios fijaba una congelación de los alquileres por dos años, y luego una limitación de su aumento.
Este emblemático dispositivo afectaba a todas las viviendas antiguas del parque privado, es decir, alrededor de 1,5 millones, según la ciudad.
El texto, cuya duración estaba limitada a 2025, preveía además que los alquileres particularmente elevados pudieran reducirse.
Su objetivo era combatir el fuerte aumento de los alquileres de los últimos años en Berlín, que, aunque es una de las capitales más extensas de Europa, sufre escasez de viviendas.
Antes calificada de “pobre pero sexy”, la metrópolis de 3,6 millones de habitantes se convirtió en un polo económico dinámico -sobre todo en el ámbito de las nuevas empresas- que ha atraído a una mano de obra joven y cualificada en los últimos diez años, aunque la pandemia frenó esta tendencia.
Según las últimas cifras del portal inmobiliario Immowelt, los berlineses gastan en promedio una cuarta parte de su salario en su alojamiento.
Sólo 18,4% son propietarios de sus viviendas, una de las tasas más bajas de Europa.
Los profesionales del sector inmobiliario y los artesanos también se habían opuesto a la ley. En su opinión, la congelación de los alquileres puede limitar los trabajos de modernización emprendidos por los propietarios, en particular en materia de adaptación a las mejoras medioambientales.
