La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes alinearse con la petición de la Administración de Donald Trump de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un fallo que otorga una victoria para el presidente y que podría repercutir en decenas de demandas en las cortes contra las políticas del republicano.
Con una mayoría conservadora de seis a tres, la decisión no se refiere a los méritos del decreto en sí, que busca restringir el derecho automático de ciudadanía estadounidense establecido en la Constitución y negarlo a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.
En su lugar, el fallo se limita a la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.
Específicamente, evalúa los bloqueos nacionales temporales a la orden de Trump por parte de tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron en decisiones separadas que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Constitución.
Una medida en pausa
En la opinión de la mayoría, la jueza conservadora Amy Coney Barrett escribió que «los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo», sino que «resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso».
«Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder», indicó Barret, uno de los votos clave en esta decisión porque durante la presentación de argumentos en mayo cuestionó el porqué el Gobierno pidió al Supremo evaluar cuestiones técnicas y no los fundamentos del decreto en sí, algo sobre lo que el Supremo no se pronunció hoy.
La jueza afirmó que la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento – cuya aplicación está en pausa temporal en todo el país mientras se revisan los casos – «no entrará en vigor hasta 30 días después de la fecha de esta opinión».
Según expertos, este retraso podría ofrecer un margen para que los querellantes consideren presentar demandas colectivas en lugar de individuales como otra vía de impugnar la orden ejecutiva de Trump.
Unos 255.000 bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute. Detractores de Trump y expertos legales señalan que este es un derecho constitucional entronizado en la Enmienda 14 y no puede ser derogado por una orden presidencial.
Las objeciones al veto de Trump a la ciudadanía por nacimiento
La jueza liberal Sonia Sotomayor anunció su voto discrepante desde el estrado este viernes, un movimiento visto como muy inusual, en señal de su profundo desacuerdo con la mayoría.
«El Estado de derecho no se da por sentado en esta nación, ni en ninguna otra. Es un precepto de nuestra democracia que solo perdurará si quienes tienen el coraje suficiente, en cada rama (del Gobierno), luchan por su supervivencia. Hoy, la Corte renuncia a su papel vital en ese esfuerzo».
En su opinión de disenso, la liberal Ketanji Brown Jackson insistió por su parte en que el fallo permitirá al Ejecutivo violar los derechos constitucionales de todas las personas que no estén nombradas en las demandas, algo que en su opinión, representa una «amenaza existencial para el Estado de derecho» en EE.UU.
Brown advirtió que al traer frente al Supremo estas cuestiones técnicas sobre la autoridad de las cortes y no el mérito de la orden ejecutiva en sí, el Gobierno buscar poner «una cortina de humo» para ejercer «el poder arbitrario e incontrolado que los Padres Fundadores de Estados Unidos buscaron erradicar con la Constitución».
Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares era una de las promesas de campaña del republicano, que regresó al poder el 20 de enero con una redoblada política migratoria de mano dura. Trump firmó la orden el mismo día en que asumió su segundo mandato.
Una nueva demanda a la decisión de Trump
Por otro lado, la batalla legal contra el veto del presidente Donald Trump a la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha ampliado este mismo viernes con una nueva demanda, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, según informaron abogados demandantes.
El recurso legal, que pretende cobijar a nivel nacional a todos los afectados por la orden que niega el derecho automático de ciudadanía estadounidense, lo presentó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que mantienen el pulso legal con la Casa Blanca.
La demanda, que busca un alcance nacional, acusa al Gobierno del presidente Donald Trump de violar la Constitución, el propósito del Congreso y el precedente de larga data de la Corte Suprema.
“Todos los tribunales que han analizado esta cruel orden coinciden en que es inconstitucional”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en este nuevo caso.
William Powell, asesor principal del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional, una de las organizaciones que demandó originalmente, dijo este viernes que el nuevo recurso legal «será tan efectivo y amplio» como la orden de los tribunales inferiores rechazada hoy por la máxima corte, que expone a los niños que no están cobijados por la demanda inicial.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, uno de los 20 estados que impugnó el plan, dijo que estaba seguro de que la orden ejecutiva nunca entraría en vigor.
Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que también hace parte de una de las querellas legales, sostuvo que “mantiene la esperanza” de que los tribunales inferiores garanticen que “esta flagrante extralimitación federal no quede sin control”.
Los defensores de los inmigrantes esperan que el tribunal de New Hampshire tome una decisión antes de los treinta días, establecidos por el Supremo.
