El Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó este viernes la legalidad de una medida de una pequeña ciudad de Oregón que multa a las personas por dormir con mantas al aire libre y acampar con cualquier tipo de ropa de cama en espacios públicos, una norma dirigida contra las personas sin hogar.
Con 6 votos a favor y 3 en contra, el Supremo rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley y consideró que la falta de vivienda no está recogida en la prohibición de castigos crueles e inusuales de la octava enmienda.
La sentencia responde al caso ‘Grants Pass v. Johnson’, por el que un grupo de personas sin hogar cuestionaba las leyes de la ciudad de Grants Pass (Oregón) en este ámbito.
Para pedir la inconstitucionalidad, estas personas se basaron en la octava enmienda de la Constitución, que afirma que no se impondrán multas excesivas ni se infligirán castigos crueles e inusitados.
También a una sentencia del Supremo de 1962 que estipuló que no es un delito ser un adicto a los narcóticos, intentando hacer una analogía entre la falta de vivienda y la adicción a las drogas y alegando que ambos son un estatus por el que los ciudadanos no pueden ser castigados.
Una decisión que muestra la división ideológica en el Supremo
La decisión del tribunal estuvo marcada por las diferencias ideológicas entre sus miembros: “Dormir es una necesidad biológica, no un delito. Para algunas personas, dormir en la calle es su única opción”, señala en la sentencia la jueza progresista Sonia Sotomayor, que contó con el apoyo de los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
Sotomayor indica que la ciudad de Grants Pass “encarcela y multa a esas personas por dormir en cualquier lugar público a cualquier hora, incluso en sus coches”, algo que califica de “inaceptable e inconstitucional”.
En contraposición, el juez Neil Gorsuch asegura en el fallo que “la falta de vivienda” es compleja y que “un puñado de jueces federales no puede comenzar a igualar la sabiduría colectiva que posee el pueblo estadounidense para decidir la mejor manera de manejar una cuestión social apremiante como esta”.
Este fallo abre la posibilidad a modificar la forma en que las ciudades y los estados supervisan a las personas sin hogar, un problema acuciante en Estados Unidos.
Según los últimos datos oficiales, en 2023 el número de personas sin hogar en el país aumentó un 12 %, y se calcula que hay más de 650.000.
Además, sólo en California hay unas 171.000 personas sin hogar, lo que supone 40.000 más que hace seis años, representando casi un tercio de la población total que no tiene vivienda en el país, señalan medios locales.
