El Tribunal Supremo de Brasil ha avalado casi por unanimidad permitir al Gobierno declarar la obligatoriedad de la vacunación contra el SARS-CoV-2, siempre que las personas no se vean obligadas a vacunarse contra su voluntad. Además, ha abierto la puerta a que las autoridades, tanto nacionales como estatales o locales, puedan sancionar a los ciudadanos que se nieguen a inyectarse el fármaco.
Los magistrados han sostenido que la obligación debe imponerse de manera indirecta. Así, entre las medidas coercitivas que podrían ponerse en práctica se encontraría la denegación de acceso a espacios o a actividades, como restaurantes o gimnasios, a aquellos que no aportaran prueba de la inmunización.
Durante su voto, la magistrada Carmen Lucia sostuvo que “el egoísmo no es compatible con la democracia” y que “la Constitución no garantiza la libertad de una persona para ser soberanamente egoísta”, por lo que “es deber del Estado, a través de políticas públicas, reducir los riesgos de enfermedades adoptando las medidas necesarias”.
Bolsonaro rechaza el fallo
Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo hacia el fallo del Supremo y ha anunciado que su Gobierno no tomará ninguna medida coercitiva.
Durante una entrevista, volvió a pronunciarse en contra de que la vacuna sea obligatoria, argumentando que cada persona tiene derecho a decidir si recibe o no tratamiento médico.
“Nadie puede obligar a nadie a que se vacune. (…) Si el tipo no quiere que le traten más que eso. No quiero quimioterapia y me voy a morir, ese es mi problema. Estamos jugando con vidas. ¿Dónde está nuestra libertad? Aquí está la democracia. No es Venezuela, no es Cuba”, dijo el presidente brasileño.
