Más de 50 mil supuestos miembros de pandillas salvadoreñas han sido capturados en el contexto de un cerco de seguridad, amparado en un régimen de excepción, establecido en el departamento de Cabañas (norte) para arrestar a remanentes de la organización criminal Mara Salvatrucha, según una portavoz de la presidencia de El Salvador.
Al menos 8.000 miembros de las fuerzas de seguridad fueron desplegados el pasado 1 de agosto en Cabañas, ubicado a más de 80 kilómetros de la capital San Salvador, para la búsqueda de pandilleros que habrían huido de la ciudad a zonas rurales para evitar ser capturados.
Con lo anterior, dicho departamento, que es el que menos municipios tiene -nueve en total-, se convierte en el primero en ser “cercado” en su totalidad.
La fuente indicó que entre el 1 de agosto y las 06.00 hora local (12.00 GMT) de este lunes se contabilizan 52 detenidos -todos supuestos miembros de pandillas- y que se han decomisado 19 armas, 2 escopetas, una granada y un arma artesanal.
Se desconoce si las personas capturadas serán presentadas a la prensa.
En el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como una estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, se han militarizado dos municipios -en el centro y norte del país- y tres comunidades de San Salvador.
Tras anunciar el cerco de seguridad, Bukele destacó su gestión para combatir el crimen organizado: “Nuestras estrategias de seguridad han desarticulado a las pandillas, obligándolas a migrar de los grandes centros urbanos a esconderse en las zonas rurales de nuestro país, fuera de su hábitat natural”.
Apuntó que “estas últimas semanas, hemos identificado varios grupos de pandilleros que se esconden en el departamento de Cabañas, por lo que decidimos cercarlo completamente”. “Producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse”, afirmó el mandatario.
Adelantó, por su parte, que el cerco “se mantendrá mientras los operativos puedan extraer a todos los pandilleros”.
Por su ubicación, el departamento de Cabañas colinda con al menos tres municipios del departamento hondureño de Lempira; tiene 150.000 habitantes y es uno de los departamentos más pequeños de El Salvador, de apenas 1.100 kilómetros cuadrados. Se trata de una región agrícola, con cultivos de café y caña de azúcar y pequeños ganaderos. Su cabecera, la ciudad de Sensuntepeque, está a unos 70 km al oeste de San Salvador.
Según imágenes compartidas por el Gobierno y la Policía Nacional Civil (PNC), los militares y los agentes policiales recorren a pie las zonas rurales, y en medio de senderos se desplazan.
Los integrantes del Ejército y de la Policía detienen a autos y al transporte público para realizar una revisión a sus pasajeros, en su mayoría a hombres, y solicitar documentos de identificación.
Durante la medida de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales y que ha sido catalogada de violar derechos humanos, han sido capturadas más de 71.000 personas señaladas de ser pandilleros.
De los más de 1.100 kilómetros cuadrados que conforman Cabañas, unos 1.099 son de zona rural y los restantes -3,6 kilómetros- son de zona urbana.
Los operativos de búsqueda se han centrado en las zonas rurales del departamento, donde, de acuerdo con las autoridades, están “escondidos” miembros de “células” de maras que han “huido” a estos lugares para evitar ser capturados o buscar salir del país.
La Policía informó la semana pasada la captura de Luis Alfredo Velázquez Cruz, un miembro de la Mara Salvatrucha (MS13), “responsable de varios crímenes que perjudicaron a decenas de familias salvadoreñas”.
La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señaló recientemente que “es alarmante que el régimen de emergencia (excepción) se haya convertido en una política de seguridad ciudadana permanente y sin control” en El Salvador.
Recordó, además, que organizaciones de la sociedad civil han documentado graves abusos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, procesos penales sin las garantías del debido proceso y aproximadamente 153 muertes bajo custodia estatal, según citó.
