El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el jueves que más de 20.000 pandilleros habían sido detenidos desde que se declaró el estado de excepción en todo el país hace un mes. La decisión de Bukele se produjo después de que un baño de sangre tuviera lugar en sólo dos días: del 25 al 27 de marzo, más de 80 personas fueron asesinadas en todo el país. Los crímenes se atribuyen a las bandas que llevan años aterrorizando a la pequeña nación centroamericana.
“Hasta las 7pm de este día, el total de terroristas capturados es de 20,290, en solo 33 días”, este fue el anuncio del presidente Nayib Bukele en su medio favorito, Twitter, un mes después de que haya decretado el estado de excepción en todo el territorio para frenar la violencia de las pandillas, otorgando amplios poderes a la policía y el ejército.
El 26 de marzo, se suspendió el derecho a la libertad de reunión y asociación además que fueron permitidas las escuchas telefónicas sin autorización judicial y la custodia policial de quince días.
El presidente de 40 años, que cuenta con el apoyo del 91% de la población según una encuesta reciente, tenía entonces bajo su punto de mira a las poderosas bandas de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18, cuyos miembros son identificables por los tatuajes que cubren sus cuerpos.
Las calles de El Salvador fueron tomadas por los militares mientras que los controles policiales, especialmente en los barrios pobres, se incrementaron.
La Asamblea Nacional, dirigida por el partido del presidente, Nuevas Ideas, aprobó leyes para quintuplicar las penas por pertenecer a un grupo delictivo y permitir la condena de niños de hasta 12 años a penas de hasta diez años de prisión.
Un presidente que ha hecho de la lucha contra las pandillas su marca de fábrica
Bukele lo ha apostado todo a la reducción de la delincuencia y 2021 fue el año con menor número de homicidios en treinta años, con 1.147 muertes reportadas. El presidente, que atribuyó este logro a su Plan de Control Territorial, que consiste en un despliegue masivo de soldados, consideró los dos días de violencias del mes de marzo como una afrenta.
Pero muchos analistas refutan que el descenso de la tasa de homicidios se deba a este Plan de Control.
En agosto de 2021, una investigación del medio de comunicación El Faro demostró que el descenso de los homicidios era consecuencia sobre todo de una negociación secreta entre el Ejecutivo y las principales bandas del país; Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18.
Incluso, a finales de 2021, el Departamento de Estado de EE.UU. había impuesto sanciones a dos miembros del poder ejecutivo salvadoreño por “negociaciones secretas” con el crimen organizado.
Hoy, nadie sabe con certeza las razones exactas de la masacre de finales de marzo. A principios de abril, Bukele afirmó que “curar” al país de las pandillas “es como curar un cuerpo con cáncer”, ya que las bandas forman “un tejido social difícil de romper” porque implican a familias enteras.
Bukele afirmó también que pertenecer a las bandas “sólo tiene dos resultados: la cárcel o la muerte” y anunció la construcción de nuevos centros de detención.
Los límites de la línea dura de Bukele
La extorsión y el tráfico de drogas son las principales fuentes de ingresos de las “maras”, cuyos miembros se estiman en 70.000, de los cuales más de 34.000 están ahora en prisión, incluyendo las recientes detenciones.
Pero mientras el presidente responde intensificando la represión, muchos se preguntan si la respuesta policial y judicial será suficiente para frenar la violencia en este país, donde las desigualdades siguen siendo muy profundas.
El académico Carlos Carcach analizó para la agencia de prensa AFP que el Gobierno está consiguiendo “neutralizar un gran número de delincuentes activos, y (que) hay indicios de que es posible neutralizar totalmente estas estructuras”.
Pero se trata de una lucha “a largo plazo” en la que hay que disuadir a los jóvenes de unirse a estas bandas, añadió.
En un país que registra una pobreza del 33,3 % de su población y en el cual muchos desempleados intentan emigrar a Estados Unidos, se trata también de “cambiar las razones” que empujan a los jóvenes a unirse a las “maras”, según los comentarios a la AFP, de José Miguel Cruz, especialista en el fenómeno de las pandillas.
El país debe pasar por “un proceso serio de desarme, desmovilización y reintegración”, agregó el especialista.
Con información de AFP.
