El régimen de Nicaragua ordenó este martes el cierre de 15 organizaciones sin fines de lucro, sumando así más de 3.600 desde diciembre de 2018, cuando se agravó la crisis que aún atraviesa el país.
La noticia fue publicada en dos acuerdos ministeriales recogidos por el diario oficial La Gaceta, y fue la ministra del Interior, María Amelia Coronel, quien aprobó el cese de la personalidad jurídica de las entidades bajo el argumento de que nueve de ellas incumplían las leyes que la regulan. En específico, aseguran que no informaron sus estados financieros entre 2017 y 2023.
También, algunos diputados sandinistas, como es el caso de Filiberto Rodríguez, sostuvieron que las entidades se valían del dinero que recibían en forma de donaciones para elaborar planes que buscaban derrocar a Daniel Ortega durante las manifestaciones sociales.
En tanto, suman los escritos, las restantes seis solicitaron su disolución voluntaria.
Entre las organizaciones alcanzadas se encuentran la Asociación Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; la Asociación de Propietarios de Pequeños Hoteles de Nicaragua; la Asociación de Ganaderos del Rama; la Asociación de Líneas Aéreas; y la Fundación Dúo Guardabarranco, entre otras.
Ésta última trabaja por mantener viva la memoria de Katia y Salvador Cardenal, dos importantes cantautores del movimiento musical de la Nueva Canción latinoamericana, vinculado al activismo de izquierda.
Así, la Procuraduría avanzará ahora con la liquidación de sus patrimonios y el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado -excepto en los casos que solicitaron la disolución voluntaria-, tal cual estableció el régimen en una ley.
El cierre de organizaciones que asisten al pueblo y demuestran cualquier tipo de oposición al Gobierno se ha vuelto una de las prácticas más comunes del binomio Ortega-Murillo, que desde las protestas de abril de 2018 reprime cada vez con más fuerza al pueblo.
Desde finales de aquel año ya han cesado sus actividades más de 3.600 ONGs que, según el oficialismo, responde a un proceso de ordenamiento de los registros pero que la comunidad internacional ve con desconfianza y condena a menudo.
Asimismo, cientos de personas han sido encarceladas por motivaciones políticas y religiosas y hasta han sido expulsados del país y privados de su nacionalidad en forma de castigo por oponerse.
A raíz de estos hechos, cada vez más recurrentes, la organización Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, llamó a los países de la región que repudian el accionar del sandinismo a aplicar los mecanismos de Justicia universal e investigar a Ortega y a Murillo por “delitos de lesa humanidad”.
