La revolución bolivariana exprime estos días una cualidad poco conocida de su catálogo del poder: su capacidad para retroalimentarse del caos que ella misma genera. “Sigamos acompañando este plan de administración de carga para recuperar nuestro país en paz. Y los movimientos sociales, los colectivos, las UBCH [unidades de batalla Bolívar Chávez], junto a los milicianos, vamos a defender la paz en cada barrio”, adelantó Nicolás Maduro por televisión anteanoche, en una retransmisión con medio país a oscuras.
En el diccionario bolivariano, administración de carga es racionamiento y los colectivos son los paramilitares con licencia para disparar. El “hijo de Chávez” anunció así la puesta en marcha de su plan eléctrico de racionamiento por 30 días, aunque el temor general es que, como tantas otras veces, las promesas se incumplan y los apagones perduren durante meses. O para siempre. Maduro se comprometió a llevar él mismo, de forma personal, la gestión eléctrica, tal y como hiciera en enero con la estatal petrolera: dos meses después, la producción de crudo ha caído a mínimos históricos, por debajo del millón de barriles.
Quien conduce también de forma personal el cerco contra el líder opositor, Juan Guaidó,es Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ayer se reunió por sorpresa para anunciar nuevas medidas contra el presidente encargado por desobedecer la prohibición de salida del país. El TSJ transmitió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la orden para que arrebaten su inmunidad parlamentaria, en un proceso parecido al realizado en 2017 contra Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento en aquel momento, que hoy está asilado en la Embajada de Chile en Caracas.
Racionamiento, paramilitares y un cerco que intenta desviar la atención, en medio de apagones y alumbrones eléctricos, que de nuevo han dejado a sus ciudadanos sin servicio de agua. Las mismas imágenes de principios de marzo se repitieron ayer en Caracas y en el interior: colas y desesperación para llenar cubos y garrafas en cualquier sitio, ya sea un grifo perdido o una zona contaminada.
Las protestas continuaron ayer mientras los ciudadanos intentaban cumplir la media jornada laboral, sin colegios, ordenada por el gobierno. Todo ello sin metro y con el transporte también bajo mínimos. Y bajo la atenta mirada de policías y “colectivos”, a quienes Maduro saludó en su alocución solo horas después de que dispararan contra manifestaciones pacíficas en distintas zonas populares. Varios de los pistoleros fueron identificados a través de las redes sociales gracias a las fotografías y videos difundidos, confirmando sus señas de identidad: militantes de grupos radicales, funcionarios actuales o antiguos y con vínculos con organismos de seguridad.
Desde que las protestas brotaran de nuevo este fin de semana, al menos una persona ha muerto durante las operaciones paramilitares. Una mujer de 70 años falleció tras ser alcanzada en Zulia, cuando los paramilitares intentaron disolver una protesta, confirmó el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. En el estado de Aragua, en el centro del país, otras dos personas resultaron heridas, al igual que en las inmediaciones del Palacio presidencial de Miraflores este domingo.
“Grupos armados pro-Maduro atacando con armas de fuego a manifestantes en varias zonas de Venezuela. Nicolás Maduro debe frenar estas acciones de inmediato o será responsable por los delitos que se cometan”, advirtió Érika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.
“Ya no hay más excusas, señores de los cuerpos de seguridad. Llegó el momento de proteger al pueblo. Tienen la oportunidad de devolver el sentimiento venezolano a cada uno de sus organismos y que su familia esté orgullosa de ustedes”, clamó ayer el presidente encargado, Juan Guaidó, desde la Universidad Católica Andrés Bello, donde recibió el apoyo del Frente Amplio Venezuela Libre, conformado por la Unidad Democrática, la Iglesia Católica, el movimiento estudiantil, el chavismo disidente, sindicatos y colectivos sociales.
La realidad, de momento, es al revés. Agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) atacaron protestas a mansalva, incluso persiguiendo a manifestantes hasta sus edificios y entrando a la fuerza a los inmuebles. Los FAES son acusados por la ONU y por Amnistía Internacional de encabezar la represión salvaje contra los barrios populares en enero, que dejaron 40 muertos, cinco de ellos al menos en ejecuciones extrajudiciales.
“Maduro convierte las fallas de energía en tortura psicológica colectiva infligida a millones de venezolanos. Una mezcla de castigo y placer sádico que busca quebrar la moral de lucha”, resumió el politólogo Alberto Ray.
Presión por Guaidó en la OEA
Estados Unidos dijo que hará “todo lo posible” para que el representante designado por el líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó pueda ocupar el escaño correspondiente a Venezuela en la Organización de los Estados Americanos (OEA). El embajador estadounidense Carlos Trujillo se mostró optimista sobre la posibilidad de que una resolución para autorizar a Gustavo Tarre el acceso al asiento de Venezuela reúna los 18 votos requeridos.
