Karen Flores resume la pesadilla que viven miles de familias hispanas en los Estados Unidos. Su esposo ya fue deportado a Honduras, y ella, ante la amenaza inminente de correr la misma suerte y perder la custodia de sus hijos, ha decidido entregarse al retorno voluntario.
El eco de los niños jugando en el parque Grace Road contrasta brutalmente con la mirada fija y gastada de Karen Flores. A su lado, un quiosco de metal interrumpe intermitentemente la señal de la transmisión televisiva, pero lo que no se interrumpe es la crudeza de su relato.
Karen, una madre hondureña que hasta hace poco construía un hogar en Tennessee, hoy se encuentra en Georgia, a la intemperie de un sistema migratorio que ha desmantelado su vida en cuestión de días. No tiene lujos, no tiene certezas; de hecho, ya no tiene nada.
“Ya solo la ropa que cargamos en la maleta es lo único que tenemos”, dice, con una voz que se quiebra pero no se rinde, mientras su hijo sostiene con timidez un trozo de papel donde está anotado el único puente que les queda con el mundo: su número de teléfono.
La caída libre de la familia Flores comenzó una mañana cualquiera en Tennessee. Su esposo, el motor económico y el pilar del hogar, manejaba hacia su trabajo cuando las luces de la patrulla de un sheriff destellaron tras él. Un control de rutina se transformó en un interrogatorio sobre su estatus legal.
Al no portar licencia, seguro ni documentos, el engranaje burocrático se movió con rapidez implacable: fue arrestado y entregado directamente a las manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En pocos días, ya estaba de regreso en Honduras. Para Karen y sus dos hijos, la deportación del padre no fue solo un golpe emocional, sino un desalojo inmediato.
Sin el ingreso de su esposo y con una orden de deportación previa que pesa sobre sus propios hombros, el miedo se convirtió en su sombra. “Yo no puedo manejar por el aspecto de que tengo una orden de deportación, y el mismo miedo a mí me congela de pies a cabeza”, confiesa Karen. Ese pánico latente a ser detenida y, peor aún, a ser separada de sus hijos, la llevó a huir hacia Georgia para refugiarse temporalmente con una prima.
La paradoja de la “autodeportación”
El caso de Karen no es aislado, sino el reflejo de una tendencia creciente bajo la administración del presidente Donald Trump. Según cifras del gobierno federal, alrededor de 2.2 millones de personas se han “autodeportado”. Sin embargo, activistas de organizaciones como Galeo Impact Fund denuncian que estos números carecen de verificación independiente y que la “autodeportación” no es una elección voluntaria, sino el resultado de un arrinconamiento sistemático y psicológico contra la comunidad hispana.
Para facilitar este éxodo, el gobierno promovió aplicaciones digitales como CBP One o programas de retorno voluntario. Pero la realidad tecnológica y burocrática dista mucho de la teoría oficial. Karen intentó utilizar la aplicación para gestionar su salida legal y ordenada, pero se topó con un muro digital: errores de sistema, interfaces complejas basadas en correos electrónicos y un tiempo de espera mínimo de tres meses para procesar la solicitud.
El regreso a Honduras tampoco es tan simple como comprar un boleto. Karen debe acudir al consulado hondureño para desenredar un nudo legal: tramitar la doble nacionalidad para su hija, renovar el pasaporte vencido de su otro hijo y, el obstáculo más complejo, gestionar los permisos consulares para sacar a los menores del país sin la presencia física del padre, quien ya está en Centroamérica.
Es una carrera contra el tiempo y la falta de recursos. Aunque una organización humanitaria la apoyó inicialmente con las actas apostilladas, los fondos comunitarios son limitados. Hoy, la única barrera real entre Karen y su país de origen son los pasajes de avión que no puede pagar.
El viento del parque Grace Road sigue soplando y Karen continúa abrazando a sus hijos, esperando que en algún lugar alguien escuche su clamor y decida cambiar el rumbo de su historia.
