Las diferencias entre el Gobierno y el Congreso de Colombia se agudizaron tras el hundimiento de la consulta popular sobre la reforma laboral, una de las propuestas bandera del presidente Gustavo Petro, quien no está dispuesto a dar el brazo a torcer y llamó a los ciudadanos a movilizarse contra esa decisión.
El mandatario y algunos de sus ministros han tachado de fraudulento el trámite en el Senado de la consulta popular y han acusado al presidente del Congreso, el opositor Efraín Cepeda, de cometer un «posible delito», lo que ha ahondado las tensiones persistentes desde hace meses entre Petro y el órgano legislativo.
«Efraín Cepeda ha cometido un posible delito y la Corte Suprema debe investigar. Los indicios muestran que hay presumiblemente un fraude, ya la justicia lo dirá. De nuevo ejerceré mi derecho constitucional y legal a presentar la consulta popular al Senado, para que se garantice una votación limpia», expresó este jueves Petro en X.
El mandatario también hizo una llamado a las organizaciones populares a reunirse este fin de semana «en las plazas municipales» del país para votar un paro nacional.
El supuesto fraude que denuncia Petro está relacionado con la votación en el Senado de la realización de la consulta popular, que necesitaba mayoría simple pero cerró con 49 votos en contra y 47 a favor.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó este jueves que demandará penalmente a Cepeda porque «hubo fraude procesal, hicieron toda una tramoya (enredo) y (…) cambiaron la decisión de un voto después de que se había cerrado la votación».
Gobierno vs. Congreso
Para la directora de los posgrados en el área de ciencia política y gobierno de la Pontificia Universidad Javeriana, Patricia Muñoz Yi, el Gobierno «no pudo reunir las mayorías necesarias para sacar adelante» la consulta popular, como ha pasado con otras reformas presentadas en los casi tres años que Petro lleva en el poder.
Muñoz explicó a EFE que, para el Gobierno, la consulta sobre la reforma laboral era «una buena apuesta» para defender su política de cambio, pero recordó que, de todas las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, las únicas aprobadas por el Congreso hasta la fecha han sido la fiscal y la pensional.
Las reformas de salud, laboral, educación e incluso una segunda iniciativa tributaria se han hundido.
«Petro ha insistido en que ha habido un bloqueo desde las instituciones, como el Congreso e incluso desde algunos sectores como los gremios, que le han impedido poder hacer los cambios. Ese es el argumento que también se convierte en un argumento político-electoral porque luego puede dar explicaciones para el no cumplimiento de las reformas propuestas», dijo Muñoz.
¿Una nueva oportunidad para la reforma?
Antes de que el Senado tumbara la consulta popular, esa corporación revivió el proyecto de reforma laboral que había sido hundido por una comisión legislativa en marzo pasado y que había llevado a Petro a convocar la consulta.
El pleno acogió una apelación hecha por los senadores Ariel Ávila, de la Alianza Verde, y Pedro Flórez, del partido oficialista Pacto Histórico, para que la reforma volviera a debatirse en una comisión del Congreso.
Ahora la iniciativa gubernamental debe aprobarse en muy poco tiempo, en menos de dos meses que quedan de esta legislatura. Por eso el ministro Benedetti radicó este jueves un «mensaje de urgencia e insistencia» para que el Senado resuelva el proyecto de ley en un máximo de 30 días y «desplace cualquier otro asunto de la agenda» hasta entonces.
Importancia de la reforma laboral
La reforma laboral del Gobierno aborda temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud —incluidos los dolores menstruales—, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización, entre otros.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Gobierno habla «de la producción de la riqueza, pero también de la redistribución de la riqueza vía salarios, que es la política social estructural más eficaz para reducir desigualdades y sacar a la gente de la pobreza».
El funcionario defendió que el Gobierno tuvo, con esta propuesta, «vocación de diálogo y concertación», como se reflejó cuando se tramitó en la Cámara de Representantes, donde «sufrió modificaciones en 65 de sus 82 artículos» antes de pasar al Senado.
