Martín Bava, juez federal de la jurisdicción de Dolores, Provincia de Buenos Aires, procesó al expresidente de Argentina Mauricio Macri en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los 44 marineros que murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.
De acuerdo con el juez, Macri fue quien autorizó ese espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. Por ello, lo encontró “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”, reseñó La Nación, que tuvo acceso a la resolución.
El juez también embargó al expresidente por la suma de 100 millones de pesos (cerca de un millón de dólares) y le impuso la prohibición de salida del país.
Debido a que actualmente Macri se encuentra en Chile, el juez señaló que la prohibición de los viajes al exterior empezará a regir “a partir de su reingreso a la República Argentina”.
Sumado a ello, el exmandatario no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia “por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal” y deberá informar a Bava “cualquier cambio de domicilio”.
El proceso y la vigilancia
Esta causa se inició luego de una denuncia presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en septiembre de 2020. La primera parte de la investigación la realizó el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata y luego el caso cambió de jurisdicción al juzgado federal de Dolores.
En el proceso judicial se han presentado elementos que revelan que desde la base de la AFI en Mar del Plata se coordinaron las tareas de vigilancia contra los parientes de los tripulantes. Los seguimientos realizados se habrían producido sin autorización judicial ni justificación válida alguna.
Las labores de espionaje se realizaron mientras el submarino aún estaba desaparecido. Según una resolución previa de Bava, la vigilancia “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”.
Previo a la decisión sobre Macri, la causa ya tenía 11 procesados, incluyendo a los exjefes de la AFI en la administración de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Los últimos en ser incluidos en el proceso judicial, acción que se conoció el martes 30 de noviembre, fueron los dos exdirectores operacionales de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue encontrado en la madrugada del 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad, y a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia, cerca de la zona donde había dado señales por última vez.
