El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes que demandó al estado de Nueva Jersey y a su gobernadora, la demócrata Mikie Sherrill, por presuntamente interferir con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, argumenta en la querella que Sherrill emitió en febrero una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes de inmigración realizar detenciones en propiedades estatales que no sean públicas, y además les impide utilizar estas instalaciones como «área de preparación o base de operaciones».
Según los demandantes, con esta orden la gobernadora pretende «obstruir de manera intencional» la aplicación de la ley federal y «frustrar la obligación constitucional» del presidente de EE.UU. de velar por que se aplique «fielmente» la ley federal de inmigración.
La Administración del republicano pide al tribunal que declare como inválida la orden ejecutiva emitida por Sherrill y que otorgue «cualquier otra reparación que considere justa y adecuada».
Detenciones de los agentes de inmigración
En un comunicado divulgado hoy, la Justicia estadounidense carga contra las políticas santuario de Nueva Jersey, a las que califica como ilegales, y asegura que la negativa del estado a cooperar con las autoridades de inmigración deriva en «la liberación de delincuentes peligrosos que, de otro modo, estarían sujetos a deportación».
