El Consejo de Ministros de España dio este martes luz verde a la reforma laboral, que busca hacer frente a la altísima temporalidad y a la precariedad del empleo en este país.
“Esta reforma pasa página a la precariedad en España y este es el gran reto que teníamos como país”, aseguró en rueda de prensa la ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
Díaz dijo que hay “jóvenes que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida y ahora van a tener la oportunidad de dejar de tener vidas precarias”.
Nueve arduos meses de negociaciones fueron necesarios para que la semana pasada se lograse un acuerdo de todos los actores sociales, incluyendo a los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, y a la CEOE, la patronal, para que la reforma saliese adelante, lo que ha sido considerado como “histórico”.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez modifica así la reforma laboral implementada en 2012 por el expresidente del Partido Popular (PP) Mariano Rajoy, que provocó masivas protestas y que según los sindicatos –quienes entonces no participaron en ella– solo logró empeorar el mercado laboral español.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, la reforma deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2022, plazo acordado con Bruselas, que desembolsará 12.000 millones de euros procedentes del plan europeo de recuperación. En 2022, será tramitada en el Congreso y el Gobierno deberá negociar con los grupos parlamentarios para que voten a favor.
Entre las grandes líneas de la reforma se encuentra la recuperación de la ultraactividad, que consiste en el periodo de prórroga automática de los convenios mientras se negocia su renovación, y el establecimiento de un nuevo modelo de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), una modalidad muy usada en medio de las dificultades de la pandemia.
Estos son los grandes ejes:
- Contratación y temporalidad
Uno de los principales objetivos es reducir la elevada tasa de eventualidad, en un país en el que uno de cada cuatro empleados tiene un contrato temporal.
El contrato de trabajo ordinario será a partir de ahora indefinido y solo habrá dos tipos de temporales: el estructural, que solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de una persona trabajadora, y el formativo, que no será superior a seis meses, ampliable a un año por convenio colectivo sectorial.
También se endurecen las sanciones por el uso fraudulento de la temporalidad.
- Nuevo Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)
El texto mantiene los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero con otro nombre: Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
La idea es que este mecanismo permita a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo.
Con información de RT.
